La idea no es nueva pero la crisis migratoria que vive España en los últimos meses la ha devuelto a la actualidad. El pasado mes de enero los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Juan Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente, mantenían un encuentro en Málaga. La situación de los menores extranjeros no acompañados era uno de los asuntos estelares en la agenda de ambos.
Al término de la reunión, y tras las referencias obligadas a la responsabilidad de la Unión Europea sobre sus fronteras exteriores y a la preservación de los derechos de los menores, Vivas apuntó: “Donde mejor está el menor es en su entorno familiar y de amigos”.
El incremento del número de migrantes desembarcados en las costas españolas durante las últimas semanas, unido a la televisada travesía del buque “Aquarius” hasta su desembarco en Valencia con 630 migrantes a bordo, puso también sobre el tapete la situación de los menores de edad que se encuentran en España en situación irregular. El trato que ha de dispensarse a estos jóvenes no figuraba en la agenda de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que reunió el 6 de agosto a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, con los representantes de las comunidades autónomas. Sin embargo, los denominados “menas” acabaron siendo objeto de debate. Ceuta, Melilla y Andalucía eran, sin duda, los territorios más concernidos por el problema.
La falta de avances hizo que los gobiernos y el partido que los soporta en las dos ciudades autónomas tocaran a rebato. Apenas diez días después de la reunión de la Conferencia, el presidente de Melilla sacó a escena su talante combativo. Imbroda subrayó que el de los menores no era un problema de protección sino de tipo migratorio y, a continuación, evocó con sus declaraciones las que meses atrás hiciera su homólogo ceutí. El líder de los populares melillenses insistía en la necesidad de “obligar diplomáticamente” a Marruecos a aceptar a sus menores, un solicitud que hilaba con uno de los tópicos preferidos del PP en materia migratoria: devolver a su país a los mena evitaría el “efecto llamada”.
La situación de Ceuta y Melilla con los menores extranjeros resulta, cuando menos, delicada. El caso melillense llama particularmente la atención. Si damos por buenas las cifras del Gobierno de la Ciudad de Melilla y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad, 1.000 de los 7.000 menores extranjeros que hoy se encuentran en España están acogidos en la ciudad de Melilla.
Pero Imbroda no se encuentra solo entre los suyos. Los senadores del PP en Ceuta y Cádiz se reunían el pasado lunes para concluir: “los menores deben volver a su país de origen y ser acogidos allí”.
Los parlamentarios, más moderados en su exposición que su colega de partido Imbroda, instaban al Gobierno a abrir una “comunicación fluida” con Marruecos para alcanzar un acuerdo en torno a los menores. Pero, al tiempo, reclamaban que, entretanto tal acuerdo se formalice, las comunidades autónomas deben emprender una “acción solidaria” hacia Ceuta, Melilla y Andalucía, territorios que soportan la mayor presencia de niños y adolescentes extranjeros. O dicho de otro modo, el resto de comunidades también deben aceptar la obligación de dar acogida a un cupo determinado de menores.
