El recinto de la vieja prisión de Los Rosales, clausurada oficialmente en marzo de 2017, no volverá a acoger jamás a delincuentes condenados por los tribunales. Vox considera, sin embargo, que el vacío dejado por los traficantes de drogas, los autores de delitos de sangre y los defraudadores bien puede ser ocupado por los menores de edad extranjeros que viven en Ceuta en situación irregular. Ésta es la propuesta que el partido de Santiago Abascal tiene previsto defender durante la próxima sesión ordinaria del pleno de la Asamblea.
La situación de los menores extranjeros no acompañados rebrota en el debate político meses después de haberse convertido en un argumento recurrente de las últimas campañas electorales. La propuesta de Vox no es nueva. Ya en octubre de 2018, en los primeros actos que el partido celebró en la ciudad, los dirigentes de la formación propusieron convertir la vetusta cárcel en un “centro educativo de internamiento cerrado” donde alojar a los menores que deambulan por las calles.
Posteriormente, ya en plena campaña de las municipales, los candidatos de Vox atemperaban su propuesta y sugerían, ante las preguntas de los periodistas, que el futuro centro de Los Rosales no tendría que tener necesariamente un carácter estricto de institución cerrada.
Han sido los partidos de derecha los que con más ahínco han ahondado en la necesidad de modificar las leyes para dar un tratamiento más severo a los menores extranjeros. Hace apenas unos días, el consejero Alberto Gaitán situaba entre los objetivos del Gobierno municipal la puesta en marcha de distintas iniciativas para arrancar del Estado decisiones dirigidas a ordenar la situación de los “mena” en la ciudad. Entre ellas, el PP continúa sin descartar una cesión de competencias de la administración local a la central en materia de menores y un cambio legislativo que facilite la devolución de los niños y adolescentes marroquíes a su país.
El pasado febrero, el Consejo de Gobierno acordaba reclamar a Madrid una modificación del Código Civil y de la Ley de Protección del Menor que permitiese, respectivamente, dificultar el acceso a la nacionalidad española de los niños nacidos en la ciudad de padres extranjeros y favorecer la repatriación de los menores que acceden a territorio español de manera irregular.
La iniciativa, que sería aprobada posteriormente por el pleno de la Asamblea, pedía la modificación de los artículos 17.1.b y 22.2 del Código Civil. El primero de ellos considera actualmente españoles a los nacidos en el país de progenitores extranjeros si al menos uno de ellos hubiese nacido, a su vez, en territorio nacional. Ese principio general excluye a los hijos del personal diplomático y consular acreditado en España. El PP proponía añadir otra excepción: la de los nacidos en cualquiera de las dos ciudades autónomas.
Además, la iniciativa también solicitaba limitar las posibilidades que hoy se ofrecen a los nacidos en España de padres extranjeros para acceder a la nacionalidad por residencia. Actualmente, el periodo de estancia en el país exigido es de un año. El PP quería elevarlo a diez en el caso de Ceuta y Melilla.
Paralelamente, el Gobierno proponía modificar la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor para avalar la devolución a Marruecos de los menores que emigran solos a Ceuta. La propuesta planteaba que los niños y adolescentes fueran atendidos en la ciudad durante un plazo de tres meses, periodo en el que habría de formalizarse la devolución. Si el menor no retornase a su país de origen en ese plazo, el Gobierno español debería formalizar su ingreso en un centro de acogida de la Península.
La falta de sintonía entre el presidente de la Ciudad y del PP, Juan Vivas, y la dirección de Vox, que hizo inviable la formalización de un pacto de Gobierno, parece entibiarse cuando el centro del debate lo constituye la situación de los menores marroquíes.
La iniciativa que próximamente presentará Vox al plenario, sin embargo, no parece que vaya a convertirse en el cauce de confluencia de la disposición que las formaciones de derecha locales muestran hacia la necesidad de repatriar a los menores marroquíes. De hecho, el PP aceptó el pasado noviembre una solicitud promovida por Caballas para iniciar trámites ante la Delegación del Gobierno a fin de transformar la vieja cárcel de Los Rosales en un centro de carácter educativo.
