Inmigración

La Red Española de Inmigración no descarta que los menores marroquíes acaben siendo regularizados

Un grupo de menores se encarama a una de las vallas del puerto (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Un grupo de menores se encarama a una de las vallas del puerto (C.A./ARCHIVO)

La oenegé, que recurrió el proceso de devoluciones ante la Audiencia Nacional, piensa que el proceso de repatriación abierto por Interior se demorará como poco hasta la primavera de 2022 y que para entonces los menores podrán solicitar arraigo.

La Red Española de Inmigración ha vaticinado que la regularización de los menores marroquíes que en mayo entraron irregularmente en Ceuta no es descartable. Los portavoces de la oenegé –que presentó un recurso ante la Audiencia Nacional por vulneración de los derechos de los menores en el proceso de su repatriación a Marruecos- ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa en la que han asegurado que la escolarización de los niños y el plazo que será necesario para cerrar sus expedientes de devolución no hacen sino favorecer que puedan argüir una situación de arraigo para permanecer en el país.

La oenegé ha estimado que el proceso de las devoluciones se prolongará como poco hasta la primavera de 2022, lo que haría dudoso que un fiscal autorizase la repatriación de un menor ya escolarizado y con un año de permanencia en España. La entidad ha reclamado a la Ciudad que formalice la tutela de todos los menores marroquíes que entraron en Ceuta el pasado mayo.

El director de la entidad, Rafael Escudero, y el jefe de sus Servicios Jurídicos, Estanislao Naranjo, han avanzado que su organización se encargaría de solicitar este arraigo. Además han considerado que quienes a lo largo de los próximos meses cumplan la mayoría de edad y hayan estado tutelados por la Administración deberían poder optar a la residencia temporal no lucrativa por un año.

La oenegé ha compartido su impresión de que la Audiencia Nacional acabará pronunciándose a favor del Ministerio del Interior, aunque han advertido de que tienen intención de recurrir ante el Supremo, el Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los activistas consideran que la Fiscalía ha modificado sus planteamientos iniciales contrarios al proceso de devolución para no contradecir ahora a Interior.

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