El menor extranjero que emigra solo a Ceuta donde mejor está es en su casa. El aserto se ha consagrado como reclamo de campaña de la derecha y en un tópico en los discursos del presidente del PP y de la Ciudad, Juan Vivas. Comoquiera que la existencia ofrece regalos inesperados, el político conservador encontraba esta semana un insólito aliado en el candidato al Senado por Unidas Podemos, Alfonso Pérez. "Si el PP opina esto yo lo participo porque estos jóvenes tienen que estar con sus familia”, sentenciaba Pérez, que concurre a las elecciones como independiente por Izquierda Unida.
Hace tiempo que la presencia de los menores en Ceuta se convirtió en objeto de controversia política. Ahora, alentada por los partidos más conservadores ante la proximidad de las dos citas electorales, la lucha por erigirse en paladín de la migración ordenada se ha recrudecido.
María Jesús Larios Paterna es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia del Síndic de Greuges de Cataluña. Larios también es la autora del informe “Los derechos de los menores migrantes y su garantía por las comunidades autónomas”. Algunos de los datos contenidos en el documento resultan significativos: proporcionalmente a su número de habitantes, Ceuta figura, junto a Melilla, País Vasco, Andalucía y Murcia, entre los cinco territorios españoles donde el impacto de la presencia de los menores es mayor. El Ministerio del Interior cifraba recientemente en 13.700 el número de menores que han llegado a España sin compañía de un adulto desde que existen estadísticas.
La Ley de Protección Jurídica del Menor identifica como opciones preferentes la repatriación y el retorno al entorno familiar o a los servicios de protección a la infancia del país de origen. La profesora Larios Paterna, sin embargo, formula una advertencia en su informe: “Ahora bien, la repatriación debe ser en cualquier caso una medida protectora y no un mecanismo de control de flujos ni de alejamiento sancionador”.
La tentación de promover la repatriación de los menores, aunque no concurran las condiciones que garanticen sus intereses, como única salida a un fenómeno que se concibe como un problema resulta inevitable. Los gobiernos de Ceuta y Melilla ya consiguieron que sus respectivas asambleas aprobasen un requerimiento al Gobierno central para que facilitase los trámites para la expulsión de los menores.
A este propósito, la lectura del informe de la profesora Larios Paterna resulta reveladora: “De acuerdo con el interés superior del niño, la repatriación a su país de origen sólo se debe acordar si se dan las condiciones adecuadas para su protección”.
Los entusiastas del retorno de los menores, menos estrictos en lo concerniente a las garantías que en el proceso deben proteger el interés de los niños y adolescentes extranjeros, suelen insistir en una idea: la situación de los menores extranjeros no acompañados ha de abordarse como una suerte de “subespecie” del fenómeno migratorio. Esto es, un niño extranjero es, antes que un menor necesitado de protección, un migrante.
La profesora Larios Paterna subraya en las conclusiones de su informe la necesidad de que la legislación regule de forma unitaria todos los aspectos relacionados con los menores migrantes no acompañados con arreglo a los estándares internacionales: “La doble condición de niños o niñas y extranjeros determina, a su vez, que las normas aplicables respondan a las distintas finalidades de protección a la infancia y al control y regularización de los flujos migratorios, circunstancia que provoca no pocas contradicciones y que se tome en consideración la condición de extranjero por encima de la de niño o niña, lo que puede contradecir el derecho del niño o la niña a que se tenga en cuenta su interés primordial”.
Recursos y cooperación de Marruecos
La Asociación Pro-Derechos Humanos (APDHA) denunciaba en su informe “Infancia migrante: Derechos Humanos en la frontera sur de Europa 2019” el proceso de criminalización del que son víctimas los menores extranjeros. La entidad identificaba una estrategia institucional, que atribuía tanto al gobierno andaluz como al ceutí, basada en un discurso que clama por la falta de recursos para atender a los menores al tiempo que justifica la inacción de la administración en el repunte de llegada de los niños y adolescentes extranjeros y en la falta de solidaridad de otras autonomías. El documento de APDHA llegaba a calificar a Ceuta como “paradigma de desprotección”.
Tales condiciones pasan por la colaboración del país de origen, esto es, Marruecos en la mayoría de los casos. El Gobierno español lleva meses insistiendo en que existen cauces de comunicación abiertos con las autoridades marroquíes. “Marruecos tiene interés manifiesto de repatriar menores”, aseguraba la pasada semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El ministro reveló que, en colaboración con el país vecino, se ha activado un proceso para identificar a los menores extranjeros que actualmente se encuentran en España.
La cooperación de Marruecos en esta materia, aunque anunciada, no ha tenido hasta la fecha resultados apreciables.
¿Quiénes son?
El informe “Infancia migrante” ofrece un interesante perfil de los niños y adolescentes que arriban a la ciudad en solitario. El rango de edad varía entre los 10 y los 17 años. Según subrayan los autores del estudio, contra lo que pudiera creerse, la mayoría de estos menores no han experimentado previamente en su país una vida de abandono en las calles. De hecho, gran parte de ellos tienen su primera experiencia como indigentes cuando logran traspasar la frontera.
El estudio constata que en 2018 pasaron por los centros de Ceuta 3.344 menores, de los cuales sólo 42 eran chicas. La gran mayoría procedía de Tánger y Tetuán. El número de acogidos por la Ciudad a 31 de diciembre pasado era de unos 360.
