El Gobierno central y la Ciudad Autónoma perseverarán en las devoluciones a Marruecos de los menores no acompañados como única solución a la crisis creada con la llegada en mayo de centenares de niños y adolescentes procedentes del país vecino. Esta es la conclusión de la reunión que esta mañana han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente ceutí, Juan Vivas, en el Palacio de la Moncloa.
En la rueda de prensa ofrecida por Vivas inmediatamente después de celebrado el encuentro, el presidente de la Ciudad ha revelado que Sánchez ha comprometido los esfuerzos de su Gobierno en disponer “todas las capacidades y recursos del Estado” en la solución de la crisis de los menores.
El presidente ceutí ha reconocido que no se ha valorado el traslado de los menores a otras comunidades autónomas como mecanismo para aliviar la presión migratoria que vive Ceuta en estos momentos. “No hay ninguna alternativa que resuelva mañana el problema”, ha subrayado Vivas.
La pretensión de las dos administraciones es la de continuar con el proceso de devolución de los niños y adolescentes marroquíes una vez que se corrijan las irregularidades que han llevado a una juez de Ceuta ha suspender el procedimiento de repatriación de nueve menores.
Vivas ha precisado que, en atención a las precisiones de la juez, las futuras devoluciones que se practiquen aplicarán lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. Una de las deficiencias advertidas por la justicia en el procedimiento seguido para las repatriaciones era la falta del tratamiento individualizado de cada uno de los menores afectados por el protocolo de expulsión. El presidente de Ceuta ha sostenido que, a partir de ahora, las devoluciones atenderán las exigencias planteadas por los tribunales. “No se para el retorno per se, sino las condiciones en las que se estaba haciendo –ha subrayado Vivas- El Estado pondrá todas sus capacidades para que esos retornos se hagan de acuerdo con lo que establece la ley”.
Hasta la fecha, el Gobierno de Ceuta sostenía que el fundamento legal de las repatriaciones se encontraba en el acuerdo sobre menores migrantes rubricado por España y Marruecos en 2007, una interpretación que ha sido rebatida por la justicia.
