“Si la Guardia Civil cumple con todos los requisitos respecto de los ejercicios de los derechos humanos, ¿qué instrucción es la que necesitan?”. Estas palabras se deben al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, quien en febrero del pasado año utilizaba este argumento en el Senado como respuesta a una interpelación parlamentaria acerca de las instrucciones que la Guardia Civil y la Policía Nacional recibían para orientar sus intervenciones en la valla de Ceuta y Melilla.
La actitud displicente y desahogada de Zoido ha sido la respuesta que han ofrecido los gobiernos que se han sucedido en los últimos años a la petición de un protocolo de actuación para que los agentes de las fuerzas de seguridad sepan cómo actuar en el ejercicio de las tareas que les han sido asignadas en el cercado fronterizo. La petición de un protocolo de actuación ya no es sólo una reclamación de los sindicatos policiales y las organizaciones representativas de los guardias civiles.
El coronel jefe de la Guardia Civil en Ceuta, José Luis Gómez Salinero, no dudaba en plantear esta misma reivindicación desde el atril donde ofrecía su discurso anual con motivo del Día del Pilar en la sede de la Comandancia. “Esta situación, en ausencia de protocolo, aboca a la incertidumbre y a una espiral de inseguridad jurídica cuando los guardias civiles se enfrentan a la variada casuística que se nos presenta en el cumplimiento de la misión de defender nuestras fronteras”, advertía el máximo responsable del Instituto Armado en la ciudad.
Las asociaciones de guardias civiles consideran indispensable este instrumento para evitar que, llegado el momento, el peso de una intervención policial no pautada previamente pueda colocar a los agentes en la posición de tener que responder ante la justicia.
El antecedente más obvio de la situación descrita por los representantes de los trabajadores de las fuerzas de seguridad ha de buscarse en los incidentes del 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal. La muerte de 15 migrantes ahogados junto a la valla fronteriza colocó en una difícil tesitura a los agentes que participaron en aquella intervención.
El proceso judicial abierto contra 16 guardias civiles, que había sido sobreseído, fue de nuevo abierto por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta el pasado agosto.
En aquella situación, los agentes hicieron uso de material antidisturbios en una intervención que estaba lejos de figurar en protocolo alguno. De hecho, la primera reacción de los por entonces responsables de Interior fue negar lo que después se hizo evidente: que los agentes dispararon hacia el agua donde los migrantes trataban de ganar la costa a nado angustiosamente.
La indiferencia ante las reivindicaciones de los guardias y policías encuentra una vuelta de tuerca en el comportamiento de quienes tuvieron en su día responsabilidades en el Ministerio del Interior. Particularmente sugerente resulta la actitud de Ignacio Cosidó, quien fuera director general de la Policía entre diciembre de 2011 y noviembre de 2016.
Pese a haber asumido esta alta responsabilidad durante casi cinco años en la cúpula de Interior, Cosidó no tuvo reparos en reclamar el pasado agosto en Ceuta, con el PSOE recientemente instalado en el Gobierno, la creación de un protocolo de actuación para policías y guardias civiles en la frontera. También exigió al nuevo Ministerio del Interior el incremento de las plantillas policiales en Ceuta. Esto es, las mismas reivindicaciones que los cuerpos policiales le estuvieron planteando a él mismo durante un lustro.
