El Gobierno municipal, competente en materia de menores, se ha alineado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la defensa del procedimiento seguido para devolver a Marruecos a los niños y adolescentes no acompañados que llegaron a Ceuta durante la crisis fronteriza de mayo. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado de la consejera de Presidencia, Mabel Deu, ha comparecido este martes en rueda de prensa para avalar el mecanismo que ha permitido hasta la fecha devolver a 55 menores marroquíes al país vecino.
Vivas ha llegado a calificar de “hito histórico” la aplicación del convenio para el tratamiento de los menores migrantes que España y Marruecos firmaron en 2007 y que jamás ha sido activado. “Me gustaría saber qué hemos hecho mal antes para que este instrumento no haya sido eficaz –se ha preguntado Vivas- Vamos a poner en valor que se haya sido capaz de ponerlo en marcha”.
Durante su intervención, el presidente ceutí ha insistido en varias ocasiones en que el procedimiento seguido para las devoluciones mantiene como prioridad la garantía del interés superior del menor, atiende la situación particular de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y permite acabar con la situación de “precariedad” en la que estos jóvenes viven en Ceuta.
Vivas también ha subrayado la actuación “conjunta y coordinada” de los gobiernos central y local, presidida por “la más absoluta lealtad institucional”.
Controversia jurídica
El presidente y la consejera Deu han respondido a las preguntas de los periodistas cuando todavía no ha concluido el plazo de 72 horas dictado por la Justicia para recabar información sobre el procedimiento de devolución de los menores. Entretanto, las repatriaciones han quedado suspendidas.
Vivas no ha eludido la controversia legal abierta por los recursos planteados en los juzgados por distintas organizaciones humanitarias. Frente al argumento de que las devoluciones no se están practicando de manera individualizada, como exigiría la ley, el presidente sostiene que la fuente legal que ampara el procedimiento es el mismo convenio firmado por Madrid y Rabat hace catorce años.
“Es un acuerdo adoptado entre dos estados que se ha de desarrollar a través de la práctica”, ha mantenido el presidente, quien, en todo caso, ha subrayado que sus valoraciones no constituyen una interpretación jurídica.
