La flamante nueva diputada al Congreso, Kissy Chandiramani, y el recién nombrado consejero de Economía y Hacienda, Alberto Gaitán, constituyen un símbolo de los tiempos que corren en la ciudad y el país. La parlamentaria apenas calentará durante dos meses su escaño en la Cámara Baja; el último fichaje del presidente Juan Vivas para su Gobierno no sobrevivirá mucho más tiempo en el cargo.
La celebración sucesiva de las elecciones generales y municipales en abril y mayo inaugura un periodo de incertidumbre que no favorece ni la resolución de los problemas que de antiguo arrastra la ciudad ni la satisfacción de viejas demandas planteadas por los agentes sociales y económicos. Como sucede con los resultados mismos de los comicios, nada hay seguro a día de hoy.
“La incertidumbre genera inseguridad: no es algo bueno”, lamenta el secretario general de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Antonio Ramírez. Los empresarios saben bien qué significa aguardar a que las administraciones cumplan con los compromisos asumidos.
A lo largo del año pasado, la patronal ceutí pactó con el Gobierno local una bajada del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y las Importaciones (IPSI) para un listado de más de 600 de los 1.300 productos que la Ciudad tiene catalogados. La Consejería de Economía y Hacienda no ha dejado de insistir en que es el Ministerio el que todavía está pendiente de dar el visto bueno a una reforma que, ante la inacción institucional que vendrá de la mano del proceso electoral, no parece estar cerca de aprobarse.
“Tal y como está el panorama nacional, no parece que este asunto vaya a recibir la prioridad que nosotros quisiéramos darle”, lamenta Ramírez.
La interinidad que se abre en los gobiernos central y local motivada por los procesos electorales tendrá, además, otras consecuencias. Los ceutíes continúan con la mirada puesta en la frontera y el puerto, los dos bastiones sobre los que el futuro de la ciudad debe sostenerse.
En El Tarajal, las medidas de control de los tráficos de mercancías, tan decisiva para la ordenación de la economía local, parecen haber obtenido un amplio consenso entre los partidos políticos. Con distintos niveles de entusiasmo, el PP ha llegado a alabar algunas de las iniciativas que la delegada socialista del Gobierno, Salvadora Mateos, ha implantado en el entorno fronterizo en un intento por acabar con el caos en el tráfago de mercancías de uno a otro lado de la frontera.
Sin embargo, la reforma de la infraestructura fronteriza deberá esperar una vez más, en esta ocasión debido a la corta vida que resta al Gobierno de Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros aprobaba el pasado 18 de enero un plan de refuerzo y modernización de los perímetros y puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, dotado con 32.179.236 euros.
El proyecto preveía la instalación en los puestos de El Tarajal y Beni Enzar de un sistema de reconocimiento facial que, según reveló el Ministerio del Interior, se implantaría este mismo año. El plan contemplaba la implementación, en una fase posterior, de lo que el Gobierno central llamó “la nueva frontera inteligente”.
La ejecución del plan, siempre que no sea suspendido, modificado o postergado por el nuevo futuro Gobierno de España, tendrá que aplazarse, como poco, hasta mediados de año.
En el otro extremo de la ciudad, las expectativas no son mejores. Tras el alboroto ocasionado por la renuncia del anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, la pasada semana tomaba posesión del cargo su sucesor, Juan Manuel Doncel. La decisión del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de elegir a un hombre de confianza pese a su escasa experiencia en el sector portuario se antoja, en principio, como una apuesta condicionada al resultado de las elecciones municipales.
Doncel aterriza en un Puerto convulso por los procesos judiciales abiertos a su expresidente José Torrado y atrapado en un mar de sospechas. La continuidad de los proyectos que pudiera proponer la nueva administración de la Autoridad Portuaria sigue ligada a la capacidad de supervivencia electoral de Vivas y, si ésta demuestra su eficacia, a los resultados de las investigaciones judiciales abiertas.
También en cuestión queda el modelo de gestión de los Planes de Empleo. El Ministerio de Trabajo apostó por recuperar para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la gestión del programa arrebatándola de las manos de la Ciudad, que la había venido asumiendo durante los últimos años. “No sé por qué esta competencia salió en algún momento del SEPE”, se preguntaba a finales del pasado mes en el Senado la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas.
El funcionamiento del Plan de Empleo ha sido frecuentemente criticado por su ineficacia para insertar de manera estable a los desempleados en el mercado de trabajo y por el clientelismo urdido en torno a la elección de sus beneficiarios. Sólo después de conocer qué partido político sostendrá el futuro Gobierno de España tras el 28 de abril podrá aventurarse si este cambio de modelo persiste o si, por el contrario, la gestión retorna a manos de la Ciudad.
