Los letrados de la Administración de Justicia no han conseguido llegar a ningún acuerdo después de 15 horas de negociaciones por lo que la huelga indefinida, iniciada hace un mes, continúa.
Este parón está afectando a los juzgados de Ceuta que ya han visto cómo se han suspendido hasta 300 juicios. Y la situación no tiene pinta de arreglarse a corto plazo.
Ni juicios, ni procedimientos judiciales o tramitaciones procesales. Tan solo casos de violencia sobre la mujer y medidas cautelares por poderse ver afectados derechos fundamentales. El resto queda paralizado. Son las consecuencias que está viviendo la ciudadanía desde que comenzó la huelga y que responde a la introducción de una enmienda en la Ley de eficiencia organizativa que ha sido vetada por el Gobierno central.
Desde 2009, como cuerpo jurídico superior, han asumido funciones "que no se han visto retribuidas", por lo que buscan, "no un aumento de sueldo, sino una adecuación salarial que el Ministerio consideró conveniente y ahora ha vetado".
La convocatoria viene motivada por el incumplimiento por parte del Ministerio de Justicia de los compromisos alcanzados en primavera y que provocaron entonces que se desconvocara una protesta de similares características.
El alto funcionario de Justicia ha detallado que, con el objetivo de descargar de trabajo a los jueces, a este cuerpo se le asignaron en 2010 nuevas funciones dentro de los procedimientos judiciales que hasta ese momento no tenían encomendados. Entonces, Justicia asumió que era lógica una mejora salarial por estas nuevas responsabilidades, aunque esta se acordó posponerla debido a la complicada situación económica que el país atravesaba entonces.
Finalmente, en una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del Estado del pasado año se recogió esta mejora. Sin embargo, ante la falta de avances en los trámites necesarios para su ejecución, el colectivo convocó una huelga en primavera, que finalmente no se llevó a cabo tras el compromiso del Ministerio de ejecutarla. Entonces, entre otras mejoras, se acordó una reducción de los grupos de población del complemento de destino, una cláusula de enganche en relación con las retribuciones que perciben los jueces y un nuevo estatuto orgánico para este cuerpo judicial.
Sin embargo, tiempo después, la administración central comunicó a los representantes de los letrados que no podría cumplir con ellos porque se lo impedía el Ministerio de Hacienda. Asimismo, el Gobierno central alegó que este cuerpo, al igual que el resto de funcionarios judiciales, habían sido beneficiarios ya de una “subida lineal” en este año.
