En los últimos siete meses, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha recibido cuatro varapalos judiciales. A él le parecerán pocos, pero seguramente sólo a él.
Inconforme el presidente con el funcionamiento de la justicia en nuestro país, cada vez que se le notifica una sentencia, el hombre se revuelve hasta el punto de querer tirar de recursos o de lo que sea con tal de salirse con la suya.
Está en su derecho, es legal, pero Vivas con este tozudo proceder sólo consigue menoscabar la calidad democrática del Gobierno de Ceuta.
Las decisiones que el presidente está tomando en los últimos meses podrían entenderse, y no necesariamente, desde un Gobierno formado por una amplia mayoría, pero no es el caso. Resulta que las determinaciones menos calibradas y más dictatoriales las está adoptando Vivas con un Gobierno en minoría, malparado y deslustrado por los condicionantes sociales, económicos y políticos que le imponen otros. La minoría no la digiere bien.
Hace unos días, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta anuló los nombramientos de los directores generales de Educación, Gabriel Celaya, Recursos Humanos y Administración Pública, Manuel Sánchez, y Protección Civil y Emergencias, Víctor Ríos, en sentencias que vienen a resolver un recurso interpuesto por el sindicato UGT. Ha sido el cuarto golpe judicial en siete meses y aquí no pasa nada, se pide una aclaración de la sentencia y a continuar recurriendo hasta agotar todas las vías cueste lo que cueste.
El tercer golpe judicial fue en mayo. La Justicia declaró nulos 23 puestos de asesor que Vivas creó en 2015 y que había denunciado UGT en dos ocasiones. La sentencia declara la nulidad de un acuerdo de 2018 del Consejo de Gobierno de la Ciudad, que convalidaba la creación de 23 plazas de personal eventual, incorporando la motivación expresa de los mismos. Vivas intentó con poco éxito dar validez a un acuerdo anterior de 2015 que denunció el sindicato.
El segundo varapalo judicial se le notificó en febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció que es contrario a derecho el pago del plus de residencia a los miembros del Gobierno que son funcionarios, situación en la que se halla el propio Vivas. A recurrir de nuevo y a seguir cobrando la indemnización por residencia.
El primer varapalo de esta etapa fue en noviembre 2019 cuando el Gobierno de Juan Vivas conoció como el Tribunal Supremo declaró nulas las designaciones de siete viceconsejeros, al estimar que la Ciudad Autónoma carecía de competencias para estos nombramientos. Una semana después de la sentencia que declaraba ilegales los puestos ocupados por "no electos" en el Gobierno, el presidente Juan Vivas tuvo que destituirlos, disolver las viceconsejerías y restructurar el Ejecutivo, eso sí recolocandolos después.
El incumplimiento reiterado de las sentencias judiciales llevó en mayo a UGT a presentar otra denuncia en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por sus continuas “piruetas”, como así las denominó el sindicato.
El reto permanente de Vivas a la Justicia con la intención de doblegarla, agotar los tiempos y los plazos, apurar la legalidad hasta el límite donde solo llegan los más insolentes, ni beneficia a Ceuta ni a sí mismo como servidor público.
Contra todo pronóstico, la minoría de gobierno del presidente Juan Vivas le ha lanzado a una carrera hacia ningún sitio. Resulta cuanto menos sorprendente que en estos momentos el presidente esté tomando decisiones propias de un ejercicio de poder absoluto o de mayorías realmente cualificadas, como las que tuvo en otras épocas.
La democracia no se hizo para Vivas ni Vivas se ha hecho a la democracia después de casi veinte años de alcalde y presidente. Nadie sale completamente ileso con tantos borrones. Quizá ha llegado la hora de empezar a darle el mismo valor nulo que él da a los demás.
