La Ciudad

La Abogacía del Estado cuestiona el plan de servicios de limpieza de 1,4 millones

Operarios de Trace, en el Paseo de La Marina (C.A.)
photo_camera Operarios de Trace, en el Paseo de La Marina (C.A./ARCHIVO)

En su informe, la Abogacía del Estado ofrece a la Ciudad tres alternativas para hacer viable el plan de servicios: resolver el actual contrato y celebrar uno nuevo, tramitar por emergencia los servicios de refuerzo o asumir por sí misma estas tareas.

La Abogacía del Estado ha emitido un informe en el que presenta objeciones al plan de servicios para la limpieza pública diseñado por el Gobierno de la Ciudad para su aplicación como tareas de refuerzo forzadas por la pandemia de coronavirus. La aplicación de este plan implica la entrega a Trace, concesionaria del servicio, de 1,4 millones de euros.

A finales de marzo, MDyC denunciaba que los términos del plan habían recibido informes desfavorables del Área de Contratación de la Ciudad y del interventor municipal por considerar que constituyen una modificación del contrato de la limpieza.

Los localistas acusaron al Gobierno de obrar contra la opinión técnica de los funcionarios en un procedimiento falto de transparencia y que el procedimiento pretendía simplemente beneficiar a la empresa.

El informe de la Abogacía del Estado concluye que la revisión del plan de servicios aprobada sí constituye  una modificación del contrato vigente en tanto que amplía y mejora los servicios del pliego de desinfección y baldeo con un coste anual añadido sobre el precio del contrato de 1,4 millones.

Además, el informe subraya: “La prohibición en el art. 107.3.d) de que los modificados sucesivos del contrato igualen o excedan en conjunto, en más o en menos, el 10% del precio de adjudicación impide en este caso acordar la modificación del contrato por esta vía”.

La opción que ofrece la Abogacía del Estado es la de resolver el actual contrato y celebrar uno nuevo para mantener la revisión de las condiciones contemplada en el plan de servicios “Podrá obligarse a la actual contratista a realizar entretanto los servicios de refuerzo de higienización y desinfección propuestos”, añade el informe.

Otras vías que el documento propone son las de tramitar por emergencia los servicios de refuerzo contemplados en el plan o la de que sea la Ciudad la que acometa por sí misma estas tareas.

 

Antecedentes

Tras la denuncia formulada en marzo por MDyC, el Gobierno de la Ciudad y los representantes de los trabajadores de Trace justificaron en sendos comunicados la entrega a la empresa de los 1,4 millones de euros en la necesidad de luchar contra el coronavirus y en el mantenimiento de medio centenar de puestos de trabajo.

El Gobierno avalaba su decisión de reestructurar los servicios en la asesoría de del experto en Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández. El catedrático emitió un dictamen en el que defendía la pertinencia de recurrir a la cláusula 36 del pliego de prescripciones administrativas del contrato para justificar la medida “siempre y cuando se respeten los precios unitarios y se mantenga el equilibrio financiero de la empresa”.

Gobierno y comité de empresa insistían en que la reestructuración del servicio supondrá la contratación de 50 trabajadores durante este año. Según la Ciudad, más del 90% de los 1,4 millones previstos para este fin de destinarán a sufragar costes de personal.

El primero en revelar la existencia del pronunciamiento de la Abogacía del Estado ha sido el coordinador de Caballas y diputado a la Asamblea, Mohamed Alí. “Esperando a que el Gobierno diga quién y cuándo va a devolver a las arcas públicas los 15.000 euros que se encargaron temerariamente a un catedrático octogenario”, ha escrito Alí en su perfil de Twitter.

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