Caballas, a preguntas de los periodistas, considera que sucede en la frontera del Tarajal y los polígonos “no tiene solución en el marco de la ley”. Para Juan Luis Aróstegui esto “es algo que hay que entender y aceptar” en tanto en cuanto “la aplicación rigurosa de las leyes españolas obligaría a cerrar los polígonos”.
Con esa premisa, se plantea un segundo debate, según el número dos de la coalición, quien ha lanzado tres preguntas muy claras. ¿Está la ciudad en condiciones de cerrar los polígonos? ¿Se pueden prescindir de los 50 millones de euros que reporta esta actividad económica, además de puestos de trabajo empleos directos e indirectos? En caso de hacerlo, ¿cómo sentaría a Marruecos? Aróstegui considera que estas tres preguntas son necesarias para dar un “tratamiento global y coherente a este problema”. Afirma que si la respuesta es que “los costes son excesivos en términos económicos, de empleo, diplomáticos y políticos” hay que asumir que “la frontera hay que solucionarla desde la comprensión y con una visión más amplia de los reglamentos que lo regulan. O todos entienden que hay que flexibilizar los reglamentos y las normas o esto no tiene solución”. Y precisamente dentro de esa flexibilidad es donde la Ciudad no puede desentenderse, a juicio de Caballas, “porque es un problema de la Ciudad”.
Aróstegui ha recordado que el partido demanda desde “hace años” un plan de choque en los polígonos y que la responsabilidad del Gobierno de la ciudad pasa por instalar áreas de descanso, circuitos bien dotados, atención a las personas y regulación del tráfico y los flujos de forma ordenada, así como actividades complementarias cuando sea necesario. “En sentido estricto no tienen competencias que sean controlar las colas de porteadores pero tampoco lo tiene la Policía Nacional. Deben estar allí pero con condiciones y no sustituyendo”.
En este punto, Caballas mira directamente hacia la Plaza de los Reyes y culpa al delegado de Gobierno. “Tiene que haber una dotación de policías nacionales acordes a la dimensión del problema”, asevera Aróstegui, para quien no cabe la excusa del coste económico. “Si los partidos de fútbol de alto riesgo se llenan de policías durante el tiempo que dura el encuentro, lo mismo habría que hacer en el Tarajal para las 10.000 personas que pasan en tres horas”, declara rotundo, añadiendo que “si tiene que haber 60 agentes para que funcione, tienen que estar. Es una competencia directa independientemente del coste. De nada vale dar tres porritas a tres agentes de la UIR para controlar a los porteadores. Es de locos”.
