La memoria medioambiental, a la espera de un pronunciamiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

La aprobación del PGOU, pendiente de un último informe y de un acuerdo político indispensable

La tramitación del nuevo PGOU se encuentra muy cerca de su finalización. La Ciudad aguarda a que el Ministerio para la Transición Ecológica dé su visto bueno a la memoria medioambiental que ha de acompañar el proyecto del Plan.

Néstor García mantuvo el envite hasta el final. “El PGOU se aprobará en esta legislatura”, sostuvo quien fuera el consejero de Fomento ante los miembros del pleno de la Asamblea. Corría el pasado mes de marzo, a apenas dos meses vista de la celebración de las elecciones municipales. Ni que decir tiene que el entusiasmo del exconsejero no fue suficiente para cumplir con el compromiso.

El nuevo Gobierno de la Ciudad enfrenta una legislatura más en la que la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana seguirá siendo la principal asignatura pendiente de su gestión.

La procelosa aventura de la revisión y adaptación del PGOU arranca en 2000, año de los primeros trámites impulsados para sustituir el vetusto documento de 1992, todavía vigente. Hoy, a mediados de 2019, la reforma no ha llegado ni tan siquiera a pleno para su aprobación inicial.

Pese a todo, la tramitación del nuevo PGOU se encuentra muy cerca de su finalización. La Ciudad aguarda a que el Ministerio para la Transición Ecológica dé su visto bueno a la memoria medioambiental que ha de acompañar el proyecto del Plan. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha de incluir en la memoria su plácet al Plan de Emergencias de la Ciudad, trámite que, una vez concluido, dará vía libre al último informe que espera el Gobierno local para llevar el documento a pleno.

La pretensión de la Consejería de Fomento es la de que, acompañado de los preceptivos informes de la Secretaría General y la Intervención de la Ciudad, el pleno de la Asamblea pueda pronunciarse sobre la aprobación inicial del documento antes de que concluya el año.

En otras circunstancias, la finalización del procedimiento administrativo sería sinónimo de la aprobación inmediata del nuevo PGOU. Pero las cosas han cambiado. La debilidad parlamentaria del Gobierno del PP, sustentado por 9 de los 25 diputados de la Asamblea, exige afrontar un reto inédito para el popular Juan Vivas: el de sentarse a negociar con la oposición.

El final del vía crucis administrativo dará paso al tormento político. El PP necesita reunir una mayoría suficiente para sacar adelante un proyecto esencial para el sostén y el desarrollo de la economía local. “La inversión pública en estos años ha alcanzado los 80 millones de euros a través de las licitaciones y los encargos a la sociedad estatal Tragsa –explica la consejera de Fomento, Kisy Chandiramani- La empresa privada está esperando el documento para dar su pistoletazo de salida”.

Las quejas de los empresarios y los profesionales ante la demora en la aprobación del PGOU, una protesta liderada por el sector de la construcción, han sido tónica constante en los últimos años. Ahora, la satisfacción de sus expectativas depende de la capacidad de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo sobre un documento fundamental para el futuro de la ciudad.

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