Las denuncias de empresas de impagos por parte de la Ciudad no parece que sean un caso aislado, da la impresión de que algo ocurre en el circuito de tramitación de las facturas por parte de la Administración de la Ciudad. La pregunta oportuna es: ¿cuál, o quién, es la causa de que se produzca esta anomalía que pone en riesgo la tesorería de muchas de las empresas que prestan servicios contratado por la Ciudad?
La actual Ley de Contrato del sector público es tajante en la lucha contra la morosidad de las Administraciones. Así reza en su artículo 198.4 : “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.”
La Consejera de Economía y Hacienda, como máxima responsable de las operaciones comerciales de la Ciudad, tendría que dar cuenta del porqué se da esta situación, asimismo debería explicar si estas irregularidades son práctica general o, por el contrario, sólo le ocurre a cierta clase de proveedores. Y de ser así, quién es el funcionario que, de manera arbitraria, 'decide' a quién se le paga cumpliendo los plazos y a quién se le aplica esa 'maldad' para estancar sus facturas.
Los esfuerzos de la consejera Chandiramani para llegar a acuerdos con el tejido empresarial y social, de esta ciudad, caen en saco roto si su acción política se obstaculiza en la Intervención de Fondos de la Ciudad, pero no de una forma razonada y motivada. Este proceder conlleva perjuicios para el proveedor ya que, tarde o temprano, tendrá que levantar ese veto no justificado técnicamente y abonar, forzosamente, el servicio prestado que está amparado por un decreto, un contrato y una adjudicación.
Podría dar la impresión de que 'se juega a ser dios' desde la Intervención de facturas de la Ciudad, con el dinero ganado justamente en unos servicios prestados. La Consejería de Hacienda conoce esta manera de actuar y no parece que corte de raíz este proceder. Mientras tanto, las empresas 'lloran' por los pasillos del Ceuta Center, sabedoras de que hacer ruido, y plantear públicamente su justa reivindicación de recibir lo que le pertenece, podría empeorar su situación y paralizar más aún sus cobros pendientes.
