Atacar la carencia de vivienda mediante el incremento de la edificabilidad, reclamar al Ministerio de Defensa la cesión a la Ciudad del suelo ocioso y promover un plan de actuación para la barriada Príncipe Alfonso. Éstas son algunas de las alegaciones que el grupo parlamentario de Caballas ha presentado al proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El portavoz de la coalición en la Asamblea, Mohamed Alí, ha desgranado este miércoles las 30 propuestas cuya inclusión en el futuro PGOU defenderá su grupo ante el Gobierno.
Caballas ha postulado un aumento del coeficiente de edificabilidad como instrumento para promover lo que Alí ha definido como una política de vivienda “agresiva”. Según los diputados de la coalición, el recurso a este expediente permitiría incremento en un 30% el número de viviendas sobre las previstas en el documento redactado por el Gobierno de la Ciudad. Alí ha relacionado como áreas donde sería recomendable aplicar este desarrollo vertical de la construcción Arcos Quebrados, Loma de las Lanzas, Arroyo Paneque y El Príncipe, entre otras.
Precisamente, el desarrollo de El Príncipe constituye uno de los ejes de las alegaciones tramitadas por la coalición. “La redacción del Plan carece de una planificación de futuro para la barriada”, ha protestado Alí ante los periodistas. Caballas plantea el desarrollo de un plan de actuación específico que habría de incluir un proceso de regularización de viviendas.
Protocolo con Defensa
Uno de los argumentos fundamentales del diseño urbanístico propuesto por la coalición para la ciudad se asienta sobre su vieja reivindicación de reclamar al Ministerio de Defensa la cesión al municipio del suelo ocioso de su propiedad. La alegación planteada por Caballas exige la necesidad de suscribir un protocolo de actuación con Defensa antes de la aprobación del PGOU que garantice la cesión “inmediata y gratuita” de los terrenos sin uso. “Si esto no pudiera ser, habría que plantear un convenio justo y equitativo que no ahogue a la Ciudad”, ha mantenido Alí.
La necesidad de ampliar la cesión obligatoria de edificabilidad del 15% al 20%, la habilitación de una protección especial para el Monte Hacho, la eliminación de la compatibilidad entre los usos dotacional y comercial, la adopción de prevenciones para evitar los “pelotazos” urbanísticos y la exigencia de redactar convenios previos a la recalificación de parcelas son otras de las referencias seguidas por Caballas en la redacción de sus alegaciones.
