El presidente Vivas ya ha solicitado una entrevista con el ministro

El Gobierno local fía a una reunión con Ábalos la decisión de condicionar el PGOU a la ordenación de Benzú y La Almadraba

La Ciudad está pendiente de que el Ministerio de Fomento resuelva si mantiene o no unas directrices urbanísticas en los entornos de la 352 y la 354 que dejarían fuera de ordenación las dos barriadas. 

Barriada La Almadraba (C.A.)
photo_camera Barriada La Almadraba (C.A.)

Los resultados de la reunión que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, pretende mantener en próximas fechas con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, condicionarán la decisión sobre si el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se aprueba con o sin garantías urbanísticas para La Almadraba y Benzú.

La Ciudad reclama al Ministerio de Fomento que se pronuncie definitivamente sobre el documento de Delimitación de la Trama Urbana, que impone en las carreteras nacionales 352 y 354 una servidumbre de 25 metros que impediría en esa zona cualquier actuación urbanística. El Gobierno local pide que se modifique la actual redacción para evitar que La Almadraba y Benzú queden fuera de ordenación.

La respuesta de Ábalos determinará si la aprobación inicial del PGOU, que la Consejería pretende llevar al pleno de la Asamblea antes de la legislatura, aguarda o no a que se plasmen las modificaciones solicitadas por el Gobierno local. El consejero de Fomento, Néstor García, ha subrayado que, en todo caso, los cambios que se han instado para no excluir a ninguna de las dos barriadas podrían incorporarse al documento del Plan aun después de su aprobación. “En función de los resultados de esa reunión con el Ministerio decidiremos qué hacer con el PGOU”, ha insistido García.

De mantenerse el documento de Delimitación de Trama Urbana en sus actuales términos, resultaría imposible promover actuaciones de transformación urbanística en las áreas de servidumbre establecidas en los flancos de la 352 y la 354: no se podrían ejecutar obras nuevas ni aquellas otras que supusiesen cambios de volumen, estructura o uso en las edificaciones actualmente existentes. “Ello supondría que no se podría avanzar en las infraestructuras en estas barriadas y se produciría un freno en su desarrollo”, ha advertido el consejero.