Una singular situación geográfica entre dos continentes, una población integrada por cuatro comunidades bien definidas, una de las dos fronteras europeas en África… Ceuta es, no hay duda, una ciudad peculiar.
Este particularismo, tan presente en los discursos de los políticos, encuentra una de sus manifestaciones menos ensalzadas por los gestores locales en una profunda desigualdad social. Según constata el último Estudio de Condiciones de Vida (ECV) hecho público por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad registró en 2018 la tasa de riesgo de pobreza más elevada de todo el país: el 38,3%.
Uno de los criterios que ilustra mejor la delicada situación socioeconómica de Ceuta es el que dibuja su tasa de paro. La alusión al elevado índice de desempleo constituye un tópico en cualquier aproximación a la realidad local.
Según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, la tasa de paro en Ceuta asciende al 22,31%, muy por encima de la media española, cifrada en el 14,7%. El paro juvenil entre los menores de 25 años llega al 46,97%. La media de todo el país se sitúa en el 34,97%.
Los datos sobre ingresos medios anuales por persona aportados por el INE reflejan la situación de clara desventaja que presenta Ceuta con respecto a los territorios españoles más desarrolladas: mientras el País Vasco alcanza los 14.722 euros, la ciudad apenas alcanza los 9.784.
Funcionarios, parados
Si estuviésemos forzados a mostrar de la manera más gráfica posible la desigualdad que impera en la sociedad ceutí, bastaría con oponer las figuras de los empleados públicos con la de los parados que, año tras año, aspiran a ser elegidos para los planes de empleo.
El número de empleados públicos en Ceuta asciende a 9.614, según los últimos datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, la mayoría de ellos (8.002) al servicio de la administración estatal. La proporción resulta notable si se considera que la población ceutí apenas supera los 80.000 habitantes.
Sin embargo, la administración pública continúa siendo el sostén de una ciudad que no acaba de encontrar un modelo económico que consiga emanciparla de la dependencia del Estado.
Los planes de empleo anuales que, hasta su última convocatoria, habían sido gestionados por la Ciudad, quedarán ahora bajo el control de la Delegación del Gobierno. El Gobierno central ya ha anunciado que el programa 2019-2020 estará dotado con 44,4 millones de euros.
Los esfuerzos presupuestarios de la Administración Central para financiar estas iniciativas, pese a todo, resultan infructuosos si se atiende a la capacidad efectiva de los planes de empleo para favorecer una verdadera inserción de los desempleados en el mercado laboral. El reto es doble: primero, desembarazar a estos programas de su bien ganada fama de arbitrarios y escasamente transparentes y, segundo, lograr que se conviertan en iniciativas eficaces para ofrecer una formación real que sirva al parado para entrar el mundo del trabajo con garantías.
