El diputado en la Asamblea, Javier Varga, y la coordinadora de la Agrupación, Karima Aomar, junto con otros miembros de la Junta Directiva de Ciudadanos, se reunieron en la tarde de este martes con representantes de los monitores y socorristas de la empresa que presta servicios en las piscinas municipales que trasladaron a Ciudadanos “la penosa situación por la que están pasando”.
Ciudadanos ha lamentado que este servicio lleve “años sin licitar y sin contrato vigente”. Además, la formación naranja ha valorado que el servicio se paga “mal y tarde, y siempre vía reconocimiento extrajudicial de deuda”.
Con estos antecedentes del servicio de socorristas y monitores, Ciudadanos cuestiona que el Gobierno “exija súbita y directamente el despido de un número concreto de monitores y socorristas. El único acto de gestión que ha hecho en años de este asunto”, ha lamentado.
Ciudadanos ha lamentado que las las instalaciones del Díaz-Flor lleven 10 meses cerradas “y en este tiempo el ICD no ha sido capaz de ampliar el aprovechamiento de la piscina del Guillermo Molina al cien por cien de sus capacidades. Organizar nuevas actividades en la única piscina municipal actualmente en funcionamiento permitiría abrir su uso a más ciudadanos, especialmente a los que eran usuarios del Díaz-Flor, y mantener el empleo actualmente existente”, ha propuesto la formación naranja.
Por otro lado, desde Ciudadanos consideran que el proceder del Gobierno de la Ciduad debería haber sido “comunicar a la empresa que presta estos servicios una disminución tanto de los servicios como de las contraprestaciones económicas para que esta tome las decisiones que crea oportunas”. En lugar de esto, el partido de Javier Varga denuncia que el Gobierno “se ha limitado a exigirle una reducción del personal que actualmente tiene en plantilla. Muchos nos tememos que esta forma absurda de proceder del Partido Popular termine costándonos dinero al Ayuntamiento y a los ciudadanos”, augura la formación naranja.
Ciudadanos ha calificado de “penosa” la gestión realizada por el Gobierno hasta la fecha. “Que termina reduciendo las posibilidades que tienen los ciudadanos de realizar actividades acuáticas cubiertas y dejando en la calle a monitores y socorristas que llevan años prestando servicios a la ciudadanía”.
Finalmente, desde la Agrupación han dicho esperar “que todas estas actuaciones no sean, en realidad, fruto de alguna maniobra perversa que termine saliendo a la luz en un futuro y cuya finalidad sea una reducción previa de plantilla que responda a los intereses de vaya usted a saber quién”.
