alertan de que la sociedad estatal incumple su objeto social si las ejecuta

El Colegio de Arquitectos impugna la encomienda a Tragsa de las obras de Gran Vía y Plaza de Nicaragua

Los arquitectos ceutíes alertan de que la asignación de estos proyectos a la sociedad estatal constituye un acto administrativo nulo.

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photo_camera Vista de la Gran VÍa/ C.A.

El Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) ha presentados sendos recursos de reposición contra los dos decretos de la Consejería de Fomento por los que se aprueban las encomiendas de gestión a Tragsatec, filial de la sociedad estatal Tragsa, para la redacción de los proyectos urbanísticos previstos en Gran Vía y Plaza de Nicaragua. Los arquitectos ceutíes consideran que los decretos han de considerarse actos administrativos nulos por cuanto que su objeto no se corresponde con las funciones que la legislación atribuye al Grupo Tragsa, dedicada a actuaciones medioambientales.

La remodelación de la Gran Vía y el acondicionamiento de la Plaza Nicaragua no son, a juicio de los arquitectos, las únicas encomiendas que deberían considerarse nulas de pleno derecho. Según el Colegio, cualquier encomienda otorgada para la ejecución de obras previstas en el Plan de Inversiones de la Ciudad que excediera el ámbito de actuación de Tragsa compartiría también este vicio. Los arquitectos citan expresamente la conexión viaria a lo largo del Arroyo Paneque, el nuevo polideportivo López Díaz-Flor, el paso elevado de Miramar, o la pista de atletismo en la base militar.

El Colegio argumenta que los estatutos de Tragsa precisan su objeto social, también contenido en la disposición del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que establece su régimen jurídico y el de sus filiales. La ampliación del objeto social de Tragsatec más allá del ámbito medioambiental y a las actividades sobre el medio natural no sirve tampoco para soportar estas encomiendas, según sostienen los arquitectos. “Si bien las funciones técnicas enunciadas en los siete primeros grupos de actividades pueden considerarse adscritas al medio natural y/o al ámbito medioambiental –aunque a veces este se refiera al medio urbano–, las del último son tan genéricas y amplias que admiten cualquier tipo de trabajo que se pretendiera encomendar”.

La impugnación de los decretos viene a añadir mayor confusión en torno a la decisión adoptada por el Gobierno local de adjudicar a la empresa Tragsa un amplio paquete de proyectos urbanísticos y servicios públicos. El ejecutivo local tiene previsto encomendar a la sociedad estatal actuaciones que representan el 30% del gasto previsto en el Plan de Inversiones de la Ciudad.

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