El consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, ha presidido hoy la reunión de la Comisión de Accesibilidad, que se ha desarrollado de manera telemática, y en la que se ha dado cuenta de las últimas realizaciones que se han acometido de cara a la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad.
Precisamente, y con el objetivo de desarrollar reglamentariamente las posibilidades de este grupo de trabajo, se ha dado luz verde a la ordenanza de la Comisión, que permitirá que esta tenga un mayor sustento jurídico en la labor que lleva a cabo.
Otro de los asuntos aprobados ha sido la regularización de la Oficina Técnica de Accesibilidad (OTACE) y, en concreto, ampliar sus posibilidades a través de opciones como la asistencia técnica o el apoyo, vía convenio, realizando una revisión jurídica de la misma.
En el capítulo de análisis de problemas de accesibilidad que todavía persisten en algunos establecimientos ceutíes, el foro ha propuesto revisar el protocolo de actuación con la finalidad de estudiar cuál podría ser el mecanismo más adecuado para la corrección de estas barreras. Una de las fórmulas que se analizará será la de la puesta en marcha de un sistema de ayudas al tejido empresarial destinadas a ese propósito.
Asimismo, Ramírez ha expuesto las modificaciones previstas en la nueva ordenanza en esta materia, previo paso a ser llevada nuevamente al seno de la Comisión Informativa de Fomento. Uno de los cambios que se pretende introducir es la adecuación de las tarjetas de estacionamiento para las personas con discapacidad en cuanto al diseño y nomenclatura establecido por la Unión Europea. De igual modo, la nueva ordenanza permitirá también el perfeccionamiento del procedimiento para solicitar vados por discapacidad.
Por otro lado, la reunión ha servido para presentar el proyecto diseñado por docentes del Colegio Especial de San Antonio relativo a la accesibilidad cognitiva y de lectura fácil.
La Comisión de Accesibilidad está integrada por responsables y técnicos de distintas áreas del Gobierno de la Ciudad, miembros del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Imserso, así como de representantes de la Administración General del Estado.
