Según la información a la que ha tenido acceso Ceuta Actualidad, en la respuesta al requerimiento hecho por el Gobierno Local, que está en su poder desde hace ya algunas fechas pero del que no se tiene conocimiento que haya dado traslado a los partidos políticos ni a la opinión pública hasta el momento, para que se pronunciase sobre si el contrato para la limpieza suscrito con Trace es de prestación de servicios o uno de concesión, el Consejo de Estado, según las fuentes consultadas, se pronuncia a favor de la tesis que mantiene la mercantil, que es un contrato de concesión.
Además, según se refleja en su respuesta, el Consejo de Estado entiende que las detracciones practicadas sobre las certificaciones a la empresa son correctas y ajustadas a derecho, por lo que la mercantil, según este pronunciamiento, vería truncadas sus posibilidades de que la reclamación de esas cantidades presentada ya al Ejecutivo prospere . La cifra estaría en torno a los cinco millones de euros. También y al considerarse el contrato una concesión, la duración del mismo podría alcanzar los 20 años, ya que este contempla una duración de diez y otros diez de prórroga. El contrato entre las partes se firmó en febrero de 2013.
Pero fue en el pleno del 29 de septiembre de 2018, en el que fue aprobada una moción presentada por Caballas y a la que el PP presentó una transaccional, cuando todo este asunto fue motivo de un duro y amplio debate y en el que se acordó instar al órgano competente a iniciar un expediente para rescindir cuanto antes el contrato de la limpieza municipal. PSOE, MDyC y Ciudadanos se abstuvieron y la moción salió adelante con los votos de PP y Caballas.
En aquella sesión plenaria, la consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, rebatió los argumentos de la oposición en lugar de su compañero de Gobierno el responsable de Medio Ambiente, Fernando Ramos, cuyo departamento era el competente en materia de limpieza.
Chandiramani esgrimió las detracciones practicadas a la empresa por sus incumplimientos para rechazar las acusaciones de connivencia vertidas por la oposición. Según dijo la consejera, el Gobierno ha practicado detracciones que suponen el 20% sobre las cantidades que Trace debería haber recibido. Recordó que le empresa percibía unos 3,5 millones menos que la anterior concesionaria, aunque reconoció que posteriormente se le inyectó 1,5 millones con un incremento de los servicios para mejorar la prestación.
Niveles de limpieza no adecuados
Pese a ello, en 2017 los técnicos, que posteriormente fueron relevados de sus puestos, alertaron que los niveles de limpieza no eran los adecuados, momento en el comenzaron las detracciones dinerarias de las certificaciones mensuales. Fue en ese momento cuando, gracias a un acuerdo plenario aprobado por todos los partidos del arco parlamentario de la Asamblea, se encargaba la realización de una auditoría técnica y otra económica. La primera de ellas para comprobar si se estaba cumpliendo con lo acordado en el contrato por parte de la empresa, y la segunda para analizar la solvencia y la viabilidad del mismo.
La entonces consejera de Economía justificó la decisión de recurrir al Consejo de Estado para que dirima si el contrato con Trace puede considerarse como una concesión, tal y como defiende la empresa, o como una prestación de servicios, como mantiene la Ciudad.
Falta de transparencia
Estos hechos ponen de manifiesto la falta de transparencia del Gobierno local, ya que pese al tiempo transcurrido, a día de hoy nada ha trascendido sobre los resultados de estas auditorías, al igual que ha sucedido con el dictamen del Consejo de Estado.
A todo este situación hay que añadir que la Ciudad encargó un informe externo en el que se explica que sería viable la resolución del contrato de manera amistosa y que la empresa también solicitó al Gobierno local la resolución del acuerdo suscrito, aunque todo estos hechos se sucedieron antes de que se produjese el pronunciamiento del Consejo de Estado, que es evidente que cambia el escenario para posibles negociaciones de ahora en adelante.
