CSIF ha anunciado que este viernes se ha presentado un recurso donde se solicita la suspensión del decreto emitido por el Presidente de la Ciudad el pasado 18 de marzo y publicado en el BOCCE extraordinario número 15, de 21 de marzo, "al ser contrario a la normativa".
"El referido decreto, el cual, ha transferido hasta cinco competencias de la Consejería de Sanidad a la Consejería de Medio Ambiente, incluyó un apartado en el que indica que los trabajadores del Área de Sanidad deben seguir realizando las funciones aún cuando estas han sido transferidas a la Consejería de Medio Ambiente, algo sin sentido ni base jurídica legal que lo sustente, afirma el sindicato.
Asimismo CSIF opina que hay que tener en cuenta "que todos los empleados de la Ciudad Autónoma se encuentran adscritos a consejerías o unidades administrativas para realizar las funciones propias del puesto, lo que imposibilita que los empleados puedan realizar funciones o procedimientos administrativos de competencias adscritas a otra consejería distinta a la que pertenecen".
Al aplicarse el decreto CSIF cree que "se da el caso que auxiliares administrativos o administrativos (por poner un ejemplo), tengan que participar en la elaboración de procedimientos administrativos de un consejero, del cuál no depende orgánicamente, y lo que es más rocambolesco, en contra de la orden y competencia de su propio jefe, que es el que tiene que encomendarle el trabajo a realizar en cada momento".
Añade el sindicato que "no es poca la normativa que indica que la única consejería con competencias en la adscripción, modificación y supresión de los puestos e incluso los cambios de adscripción es la Consejería con competencias en RRHH, algo que incluso indica el propio decreto de organización que modifica este, el cual, parece que el presidente no se ha leído íntegramente".
Aseguran que "los empleados tienen que aguantar ser amenazados por el director general de RRHH Rafael Alarcón, con abrirles un expediente y sancionarlos cuando estos solo le reclaman que se les informe por escrito si la nueva situación mantiene todas las garantías jurídicas para, así, no incurrir en una ilegalidad al realizar actos administrativos para los que ahora no tienen competencias".
CSIF "irá hasta las últimas consecuencias contra quienes maltraten a los empleados públicos como ahora están haciendo", según se expone en el comunicado.
CSIF ha impugnado el decreto del presidente de la Ciudad solicitando la suspensión inmediata y su anulación ya que él mismo es contrario a la normativa vigente y vulnera múltiple normativa que "desde CSIF obligaremos a cumplir".
