Delegación de Gobierno ha querido aclarar a través de una nota de prensa que “previo expediente informativo” se resolvió el 24 de febrero de 2009 establecer la obligación a la empresa Ducar de contratar vigilancia privada con arma de fuego las 24 horas del día en su factoría ubicada en Carretera de San Amaro. En la misma resolución, y estimando parcialmente las alegaciones presentadas por la empresa, “se aceptaba la no necesidad de prestar dicho servicio mediante vigilante con arma de fuego en las instalaciones denominadas Ducar II, sitas en la ampliación del muelle de poniente, al considerar que las mismas, al hallarse dentro del dominio público portuario, estaban incluidas en el plan especial de protección del puerto”.
Posteriormente, dicha resolución fue impugnada en vía contenciosa por Ducar, solicitando la suspensión cautelar de sus efectos. En 2014, continua la nota, el TSJA decide no admitir la suspensión cautelar, “no habiendo resuelto a fecha de hoy sobre el fondo del asunto”. Un hecho que no fue comunicado a Delegación del Gobierno en Ceuta.
Cuando a finales del pasado 2016, CCOO denuncia que no se está prestando el citado servicio, Delegación asegura que revisó el expediente y, una vez conocida la denegación de la precitada suspensión cautelar, se instó a la Jefatura Superior del Cuerpo Nacional de Policía a comprobar si se está prestando el servicio de 24 horas con vigilante armado en las instalaciones de DucarI. “Ante la constatación del incumplimiento”, la Delegación se dirige en enero de 2017 a la empresa para instar el cumplimiento de la resolución de 2009. Posteriormente, “se ha tenido conocimiento de que se ha solicitado a la Jefatura Superior autorización para instalación de un armero en la factoría I, por lo que la empresa está dando los pasos para el cumplimiento de la obligación contenida en la mencionada resolución”.
Ante estas actuaciones, Delegación no cree que se les pueda achacar “ninguna dejación de funciones, ya que ha ordenado lo necesario para el cumplimiento de la resolución de 24 de febrero de 2009, que no contemplaba la obligatoriedad de vigilancia privada con arma de fuego en Ducar II, no procediendo ninguna otra actuación hasta que el TSJA se pronuncie sobre el fondo del asunto”.
