La Ciudad

El pleno debatirá sobre el futuro de los menores no escolarizados con los que trabaja Digmun

La asociación trabaja con unos 40 niños que no pueden acceder a la enseñanza pública por no estar empadronados en la ciudad

La coalición Caballas va a presentar una interpelación en el pleno ordinario, que se está celebrando en estos momentos, para que el Gobierno del PP dé las explicaciones pertinentes sobre las gestiones llevadas a cabo para regularizar la situación de los menores no escolarizados que reciben sus clases en la asociación Digmun.

Esta asociación trabaja con unos 40 menores que no pueden ser escolarizados porque el Ministerio de Educación exige que estén empadronados en la ciudad para poder acceder a la enseñanza pública. Mientras se encuentran en ese limbo institucional, voluntarios de Digmun son los encargados de enseñar lengua, matemáticas o conocimiento del medio a estos niños, además de normas de conducta, habilidades sociales y hábitos escolares como respetar la fila o aprender a trabajar en grupo. “Pero no es suficiente”, explica la coordinadora, Paloma Manzano, “nuestras clases no pueden suplir a una enseñanza reglada pero mientras se regulariza esta situación y gracias a la financiación del proyecto Educa podemos trabajar con estos niños transfronterizos que aun viviendo en la ciudad no pueden demostrarlo por no estar empadronados”.

Al parecer el Gobierno de la ciudad tiene voluntad de ir regularizando la situación de estos menores empadronándoles para así, después, poder acceder a una escolarización. Habrá que esperar hasta bien entrada la tarde para conocer el acuerdo plenario de la interpelación que presenta Caballas a este respecto.

De otra parte, entiende el pleno que en torno a la cuestion mediambiental se va a proceder al limpiado de toda la zona afectada por vertidos ocurridos estas últimas semanas provenientes a la zona de la planta de Cepsa, en Benítez.

Desde el punto de vista de la autoridad municipal, se entiende que hay respaldo en cuanto a trámites burocráticos, como que se refiere al pago y a la recepción de comunicaciones de expedientes. 

Se trataron en el pleno más cosa, como por ejemplo la oferta universitaria. Juan Luis Aróstegui, de Caballas, dijo que se trata de una "extraña situación". Una situación que también es "incómoda" para la Universidad de Granada, y que viene de atrás, "de cuando Franco". No obstante, no se cargan las tintas contra la UGR, sino en todo caso conra el Ministerio de Educación.

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