Con motivo del decreto de alarma del mes de marzo de 2020 el Gobierno de España anunció una serie de medidas energéticas encaminadas a no agravar el estado de las economías domésticas. Aprobó que las empresas de suministro de electricidad, gas y agua no pudieran suspender los suministros a ningún cliente mientras la medida estuviera en vigor. La iniciativa benefició a unos 200.000 hogares.
El pasado 22 de diciembre y debido a la nueva situación de estado de alarma, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. La nueva norma amplía hasta el fin del estado de alarma la prohibición de cortar los suministros de electricidad, agua y gas a consumidores considerados vulnerables o en riesgo de exclusión social.
En el último caso, esta protección que determinó el Gobierno de la Nación no es de la satisfacción del ciudadano porque en Ceuta ya son varios los clientes que han sufrido el temido corte cuando la situación de crisis económica y social por la pandemia no ha desaparecido.
Un cliente ha tenido que abonar todas las facturas pendientes y el reenganche este martes y aún esta familia continúa sin luz porque según le comunican desde la empresa existe un plazo de 24 horas para devolverle el suministro.
Otro ha tenido que pagar todos los recibos acumulados desde el principio de estado de alarma. Pese a pagar tampoco la recuperación del suministro ha sido inmediata.
La decisión de la empresa ha cogido por sorpresa a estos ciudadanos que estaban confiados en que durante la grave crisis que sufre el país no se cortara ningún servicio básico.
Las asociaciones de consumidores a nivel nacional llegaron a pedir al Gobierno que estableciera un protocolo que flexibilizara los pagos de las deudas asumidas durante la pandemia.
