La Consejería de Fomento ha comenzado a explorar nuevas vías para facilitar el desalojo de las viviendas de la urbanización Huerta Téllez, allanadas por decenas de “okupas” el pasado 25 de septiembre. Los técnicos del departamento han elaborado un informe sobre las condiciones de seguridad del edificio para constatar el alto riesgo que corren las personas que se alojan en su interior.
Días después de la ocupación, los funcionarios acudieron a Huerta Téllez escoltados por agentes de la Policía Local para elaborar un reportaje fotográfico con el que ilustrar su informe.
El documento será ahora remitido al administrador concursal de Vial Inmuebles, la empresa del Grupo Dolmen promotora de las 206 viviendas de Huerta Téllez. De este modo, el administrador, que ya interpuso una denuncia con petición de medidas cautelares el pasado día 27, podrá disponer de un nuevo argumento con el que hacer valer sus derechos ante el juez.
Identificación de los “okupas”
Los compradores de Huerta Téllez han aguardado mucho tiempo y de manera infructuosa a que la promotora les haga entrega de las viviendas por las que han llegado a abonar, en algunos casos, hasta 60.000 euros. Los afectados se adhirieron a la promoción mediante el pago de los plazos convenidos desde el año 2007. La promotora incumplió su compromiso de entregar las casas. Posteriormente, y tras la paralización de la obra y su reanudación en 2012, los afectados se vieron obligados a tratar con distintos interlocutores, tantos como sucesivas empresas han sido las que han ido asumiendo la responsabilidad de la promoción.
La Ciudad ha tratado de disuadir a los “okupas” con el anuncio de que cualquier persona que haya usurpado una casa en Huerta Téllez perderá, si las tuviera, las ayudas sociales municipales de las que pudiera disfrutar. El alcance de la medida ha sido mínimo debido a las dificultades que la Policía Local está encontrando para identificar a los usurpadores. De hecho, los agentes sólo han conseguido filiar a catorce personas, dos de las cuales percibían ayudas concedidas por Servicios Sociales que ya les han sido retiradas.
