La solución al futuro de las Brigadas Verdes podría estar en la sociedad estatal Tragsa. Las demandas de los trabajadores y, sobre todo, las dudas que se ciernen sobre la gestión económica del servicio han llevado al Gobierno municipal a sopesar la posibilidad de que sea Tragsa la que acabe asumiendo los recursos y el personal de las Brigadas Verdes.
La Federación de Asociaciones Provinciales de Vecinos (FPAV) gestiona el servicio al amparo de un convenio suscrito con la Ciudad, al que las arcas públicas aportan en torno a los 3,5 millones de euros.
Un informe de auditoría revelaba el pasado mes irregularidades en la gestión económica de la entidad entre las que se contaba la falta de justificación de movimientos bancarios por valor de más de 150.000 euros.
La incertidumbre sobre la solidez de la gestión y la petición de los trabajadores formulada a la Ciudad para que los desvincule de la FPAV a fin de garantizar sus empleos movió al Gobierno local a estudiar una salida a los problemas que se ciernen sobre el servicio.
Aunque en un principio el Gobierno valoró la posibilidad de recurrir a la sociedad municipal Obimace para imprimir un cambio de rumbo a la gestión de las Brigadas Verdes, la opción de Tragsa parece haber ganado enteros.
