El Gobierno ha gastado más de un millón de euros en alojamiento alternativo para 482 familias

El Ejecutivo autonómico ha querido explicar cómo funcionan y proceden los Asuntos Sociales en casos como el sucedido ayer con Samia. "Si la familia hubiera solicitado el alojamiento alternativo y hubiera encontrado una vivienda de alquiler que cumpliera con los requisitos no hubiera sido necesario proceder al alojamiento de urgencia en la pensión".

Alrededor de 1.900 personas, agrupadas en 482 familias, se encuentran actualmente acogidas en el Programa de Alojamiento Alternativo de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad, según informa el Gobierno en nota de prensa. “Este instrumento de política social que la Ciudad ofrece a familias con escasos recursos económicos para garantizar su acceso a una vivienda ha supuesto en lo que va de año un desembolso de más de 1 millón de euros”.

El alojamiento alternativo está regulado por un Reglamento, del mismo modo que las prestaciones económicas que ofrece Asuntos Sociales y la renta social que abona la Ciudad, el denominado Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS). Estos tres reglamentos, “todos ellos creados por gobiernos presididos por Juan Vivas” y donde se regulan las prestaciones y condiciones de acceso, constituyen una garantía para los ciudadanos, que aporta seguridad en su demanda de asistencia.

En los casos en los que la necesidad de vivienda es inmediata, la Consejería de Asuntos Sociales ofrece alojamiento de urgencia, en esta ocasión mediante el abono de plazas en pensiones de la ciudad. El último caso en el que se ha utilizado este recurso se registró ayer, con el alojamiento de un matrimonio con cuatro hijos. Según explica el Gobierno a través de un comunicado, “esta familia fue atendida en numerosas ocasiones por la consejería, tanto este año, como anteriormente, donde fue informada de los derechos que le asisten en relación al catálogo de recursos sociales que ofrece la ciudad, que se activan cuando los interesados formalizan la demanda y cumplen con los requisitos”.

“De este modo en el caso registrado ayer- continua la nota- si en este tiempo la familia hubiera solicitado el alojamiento alternativo y hubiera encontrado una vivienda de alquiler que cumpliera con los requisitos (condiciones de habitabilidad óptimas, no estar incursas en procedimientos de disciplina urbanística o en expediente judicial y un importe no superior a 700 euros) no hubiera sido necesario proceder al alojamiento de urgencia. La ayuda otorgada inicialmente es por un periodo de 15 días, por el que la Ciudad abonará una cantidad superior al coste de la ayuda de alquiler durante tres meses”.

Desde el equipo de Gobierno del PP hacen hincapié en que “el alojamiento alternativo es compatible con otras prestaciones que ofrece la Consejería de Asuntos Sociales, de modo al margen de la ayuda al alquiler una familia puede recibir paralelamente ayudas de alimentación, a la compra de bienes de primera necesidad o el pago de los recibos de agua y luz. Del mismo modo también es compatible con otras ayudas que ofrece la Ciudad por otras vías, como puede ser las becas, el programa de gratuidad de libros o los comedores escolares o las bonificaciones fiscales al recibo único al recibo único”. Estas últimas ayudas supusieron en 2014 un desembolso de 4,62 millones de euros.

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