El nuevo y controvertido centro penitenciario de Fuerte Mendizábal ha abierto sus puertas por primera vez desde que el pasado 22 de marzo, oficialmente y sólo sobre el papel, quedara clausurada la vieja cárcel de Los Rosales. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha presidido el acto de inauguración de las instalaciones. Un par de horas antes, los sindicatos censuraban públicamente la falta de personal con la que comenzará a trabajar el centro y denunciaban el trato dispensado a los trabajadores, quienes, según lo representantes de los trabajadores, desconocen a día de hoy la fecha de la apertura oficial de la nueva cárcel.
La inauguración no se ha celebrado entre los mejores augurios. Miembros de la Junta de Personal han criticado la decisión de la Delegación del Gobierno de negar autorización a una concentración que debería de haber reunido hoy durante el acto de inauguración a medio centenar de funcionarios. Los sindicalistas de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), CCOO y Csif han atribuido la negación de los permisos necesarios para la protesta a un intento por acallar las quejas de los trabajadores. La Delegación ha anunciado a los funcionarios que autorizará la concentración se si celebra mañana.
“Operación de propaganda”
El malestar entre la plantilla de prisiones en Ceuta es manifiesto. Los sindicalistas, que acusan a Instituciones Penitenciaria de emprender una “operación de propaganda y maquillaje” con la apertura del nuevo centro, advierten de que las instalaciones abrirán sin el personal necesario para atenderlas.
Los miembros de la Junta de Personal subrayan el agravio que, a su juicio, supone que la nueva prisión Málaga II, del mismo tipo que la de Fuerte Mendizábal y que, como ésta, abrirá parcialmente, comience a trabajar con un 35% más de personal que el centro ceutí. Además, critican que se mantenga a la recién estrenada prisión de Ceuta en la clasificación 2.2., el único centro tipo de España que no accederá a la consideración de instalación tipo 1.1.
Los sindicatos consideran que serían preciso al menos 100 nuevos funcionarios para comenzar a trabajar con las categorías mínimas.
140 millones de inversión
Las autoridades asistentes al acto de inauguración, entre las que se han contado el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, y el presidente de la Ciudad, Jesús Vivas, han recorrido varios de los trece módulos y el edificio sociocultural y deportivo que se reparten por el recinto. La infraestructura, en la que se han invertido más de 140 millones de euros, está concebida como una pequeña ciudad en la que distintos edificios ofrecen todo tipo de servicios para atender las necesidades de los internos y, al tiempo, garantizar su custodia y control.
El centro dispone de 648 celdas y cuenta con una capacidad para un millar de residentes, aunque las instalaciones se abrirán sólo parcialmente para dar cabida a los dos centenares de internos que actualmente ocupan el centro penitenciario de Los Rosales.
Comedor, economato, consultas médicas para atención especializada, cocina, lavandería, panadería, talleres ocupacionales, gimnasio, aulas, peluquería son algunos de los servicios disponibles para los internos.
El complejo incluye también un Centro de Inserción Social (CIS) con 53 habitaciones repartidas en un edificio de tres plantas. En este inmueble se sitúa el Servicio de Penas y Medidas Alternativas a la prisión, concebido para personas condenadas a penas restitutivas del daño causado o trabajos en beneficio de la comunidad.
“Las nuevas instalaciones permitirán un sistema penitenciario más moderno, sostenible y eficaz”, ha explicado Ángel Yuste. “Es un servicio público que con esta infraestructura da un salto cualitativo”, ha apostillado el presidente Vivas.
Los sindicatos advierten
Los representantes de los trabajadores advierten de que, pese a la previsión de que el centro sólo atenderá de momento a los dos centenares internados actualmente en la vieja prisión de Los Rosales, los niveles de ocupación se incrementarán en los próximos meses. “Cuando los aproximadamente 500 presos ceutíes que se encuentran repartidos por toda España pidan su traslado, la cárcel se llenará”, vaticina el presidente de AGE-Csif, José María Tapia.
De izquierda a derecha, José María Tapia (Csif), José María Raya (APFP) y Agustina Frontaura (CCOO) (C.A.)
Las quejas de los representantes de la Junta de Personal se extienden también al trato que Instituciones Penitenciarias ha dispensado a los trabajadores en prácticas, a quienes se les estaría obligando a desarrollar labores de mantenimiento, ocupaciones que no son propias de su consideración de funcionarios.
Los sindicalistas acusan a la dirección del centro de Los Rosales y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de conducirse para acallar la voz de los trabajadores. APFP, CCOO y Csif han denunciado la apertura de una decena de expedientes disciplinarios a miembros de la Junta de Personal. Además, han mostrado su perplejidad ante el hecho de que todavía no les ha sido notificada la fecha en la que se producirá el traslado al nuevo centro. La dirección ha suspendido todos los permisos a los trabajadores entre el 6 y el 18 de noviembre.
