El imaginario que presenta a Ceuta y Melilla como dos enclaves amenazados por el voraz vecino marroquí, tenga mayor o menor fundamento, impregna muchas de las concepciones que sobre sí misma y su ciudad maneja buena parte de la población de las dos ciudades autónomas. La idea atraviesa toda la sociedad ceutí con independencia del sesgo ideológico. Esta misma semana, formaciones tan distantes como el Partido Popular y Caballas coincidían en un debate suscitado en el pleno de la Asamblea en denunciar la existencia de un “plan” con el que Marruecos pretendería “asfixiar” a Ceuta.
La reivindicación soberanista de Rabat sobre las dos ciudades españolas, unida a los gestos poco amistosos que, siempre discretamente, dedican las autoridades del país vecino a la ciudad contamina la percepción sobre no pocas realidades sociales que encuentran en Ceuta su asiento.
Las diferencias de renta entre uno y otro lado de El Tarajal originan en la ciudad, como sucede en otros entornos fronterizos, toda una serie de fenómenos relacionados con la subsistencia y la búsqueda de la prosperidad protagonizados por aquellos a quienes ha tocado en suerte vivir en el país menos desarrollado.
Uno de ellos es el movimiento de población a través de la frontera de centenares de mujeres marroquíes embarazadas que cada año entran en Ceuta para dar a luz a sus hijos. La convicción de que la universalización de la sanidad constituye una amenaza para los autóctonos, consolidada por el ideario conservador en todo el país, tiene en la ciudad una derivada particular, alimentada por las aspiraciones anexionistas de Marruecos. Así, las embarazadas del país vecino vendrían a ser tenidas como la punta de lanza de una invasión calmada y subrepticia.
Este prejuicio explica, por ejemplo, la iniciativa que el PP ha conseguido aprobar en las asambleas de Ceuta y Melilla para endurecer el acceso a la nacionalidad española de los bebés hijos de padres extranjeros nacidos en ambas ciudades. La propuesta plantea al Gobierno central una modificación del Código Civil que establezca un régimen excepcional en las dos ciudades autónomas para la concesión de la nacionalidad a estos niños.
Al de la amenaza a la soberanía nacional, esta corriente de pensamiento une el argumento del menoscabo a la economía de las dos ciudades. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) destinó a Ceuta y Melilla en 2016 14,5 millones de euros en atención a personas no aseguradas. 6 de estos millones se dedicaron a mujeres embarazadas, 1,2 de ellos en Ceuta. El coste estimado de las asistencias en neonatología en la ciudad superó los 160.000 euros.
Según datos del Ingesa, en 2018 el Hospital Universitario registró 460 partos de mujeres marroquíes.
La pretendida “invasión” y el denominado “efecto llamada” sanitario, que ha defendido el PP ante la Asamblea ceutí queda matizado con algunos datos aportados por la diputada de MDyC, Fátima Hamed: en los últimos catorce años, 2.336 extranjeros han conseguido el pasaporte español en Ceuta, una ínfima parte del 1,5 millones de personas que fueron nacionalizadas en toda España en el mismo periodo. Con el añadido de que esta estadística contempla todos los supuestos de nacionalización regulados en la ley y no sólo los instados por nacimiento en el país.
La asistencia sanitaria a extranjeros continúa siendo un reclamo electoral al que las formaciones más conservadoras, y en ocasiones también las que no parecerían serlo, recurren con cierta frecuencia. Aunque a veces los entusiastas se pasan de frenada. En 2012, la senadora ceutí Luz Elena Sanín hizo pública una ocurrencia estrafalaria que planteó, según sus palabras, “a título personal”: retirar el pasaporte a las mujeres marroquíes que acudieran a dar a luz en el Hospital Universitario para, de este modo, garantizar el cobro por la asistencia recibida.
Afortunadamente, el debate no ha vuelto a alcanzar este nivel.
