El pleno de la Asamblea ha aprobado hoy por unanimidad instar al órgano competente a iniciar un expediente para la rescisión del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras que en la actualidad explota la empresa Trace. El Gobierno ha accedido a dar su apoyo a una propuesta planteada por Caballas mediante una transaccional en la que se subraya que la primera opción para finiquitar la relación con Trace sea la de formalizar un acuerdo pactado entre las partes. PSOE, MDyC y Ciudadanos se han abstenido.
El acuerdo plenario no implica, sin embargo, que la rescisión vaya a ejecutarse de manera inmediata.
Las relaciones entre la Ciudad y Trace, la concesionaria del servicio municipal de limpieza viaria y recogida de residuos, ha vuelto a ser objeto de controversia en el seno del pleno de la Asamblea.
El diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha acusado al ejecutivo de Vivas de contentar a la dirección de la empresa con concesiones que, como la modificación del sistema de control de cumplimiento del contrato, han llegado a cambiar la naturaleza misma de la relación mercantil. “Tienen un contencioso con el empresario que va del amor al odio –ha reprochado el diputado- No se respeta ninguna norma y, entretanto, el servicio continúa bajo mínimos”.
La polémica se reabre después de que un acuerdo entre la empresa y el Gobierno municipal permitiera abortar una huelga convocada por los trabajadores que debería de haber comenzado la medianoche del pasado martes.
La portavoz de MDyC, Fátima Hamed, ha terciado en el debate con la acusación de que el Gobierno “ha cedido a las presiones” de la empresa en las negociaciones previas a una huelga que, según ha denunciado, ha provocado la propia dirección de Trace. Hamed ha explicado que el sistema de control del cumplimiento del contrato se ha visto modificado para satisfacer las aspiraciones de la concesionaria. “Nos estafan a todos los ceutíes porque se paga por unos servicios que no se prestan”, ha protestado la parlamentaria.
Tanto Aróstegui como Hamed han criticado que la Ciudad haya accedido a la petición de la empresa de sustituir a los funcionarios que se encontraban al frente de la dirección facultativa del contrato. “Ustedes han revelado a estas personas porque eso forma parte de un acuerdo que no trae como consecuencia que la ciudad recupere el nivel de limpieza sino todo lo contrario”, ha acusado Aróstegui.
Chandiramani: “No hay connivencia”
La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha rebatido los argumentos de la oposición en lugar de su compañero de Gobierno el responsable de Medio Ambiente, Fernando Ramos, cuyo departamento es el competente en materia de limpieza.
Chandiramani ha esgrimido las detracciones practicadas a la empresa por sus incumplimientos para rechazar las acusaciones de connivencia vertidas por la oposición. Según la consejera, el Gobierno ha practicado detracciones que suponen el 20% sobre las cantidades que Trace debería haber recibido.
La responsable de Economía ha justificado la decisión de recurrir al Consejo de Estado para que dirima si el contrato con Trace puede considerarse como una concesión, tal y como defiende la empresa, o como una prestación de servicios, como mantiene la Ciudad. La oposición había mostrado su sorpresa ante el hecho de que el Gobierno se plantease dudas acerca de la naturaleza del contrato cinco años y medio después de rubricarlo.
La consejera ha explicado que los cambios en la dirección facultativa del contrato obedecen a criterios técnicos.
