dos meses de duración

Medio Ambiente hará un estudio del suelo del parque de Santa Catalina

El objetivo es mejorar la vegetación del parque, afectado por factores ambientales y condicionado por las características del suelo. 

ENTRADA SANTA CATALINA
photo_camera Entrada del parque de Santa Catalina/ C.A.

La sociedad pública Obimasa, de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ha acordado la realización de un estudio en el que, por primera vez, se analizará la composición del terreno del parque de Santa Catalina. Así se ha decidido hoy durante la celebración del consejo de administración de esta sociedad pública, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de contratar este servicio, habida cuenta de la importancia del factor edáfico (características físicas y químicas del suelo) para mejorar la vegetación del parque y de la inexistencia de medios analíticos adecuados por parte de Obimasa y de la Ciudad para realizarlo.

Este informe será elaborado por la empresa Tragsatec, del Grupo Tragsa, mediante una encomienda de gestión, y costará 9.062 euros. La propuesta aprobada finalmente por el consejo de administración contempla la realización de una campaña de dos meses de duración con al menos 14 puntos de muestreo, el doble de lo previsto por la empresa, así como la elección de las especies más adecuadas para lograr la revegetación de este espacio, que está condicionado tanto por factores ambientales (exposición a fuertes vientos y proximidad del mar) como por la composición del suelo y su espesor.

Los técnicos de Obimasa consideran que para la implantación y desarrollo de la vegetación, y por tanto lograr el objetivo paisajístico, es necesario disponer de información relativa al tipo de nutrientes existentes en el subsuelo (Nitrógeno, Fósforo, Calcio, Potasio, Hierro o Magnesio), ph del suelo, conductividad, materia orgánica y características texturales, así como determinar la existencia de metales pesados que hayan podido aparecer a pesar de la capa de impermeabilización del antiguo vertedero.

Esa información, que requiere de la toma de muestras y métodos analíticos especializados y su posterior interpretación, es clave para la elaboración de propuestas de actuación, que por una parte serán las relativas a la mejora de los suelos (nutrientes y materia orgánica), incluyendo medidas correctoras para el aumento de la potencia, y por otra, la elección de las especies vegetales adecuadas para las características ambientales del paraje.

Se trata, por lo tanto, del primer análisis acerca de la composición cuantitativa o cualitativa del suelo que se realice en el parque periurbano de Santa Catalina, ya que los anteriores estaban referidos únicamente al carácter paisajístico o el impacto ambiental de las actuaciones de sellado del vertedero sobre el que se construyó el parque.

 

Intervención paraliza dos certificaciones

Según MDyC, el Interventor ha informado con disconformidad la fiscalización de dos nuevas certificaciones de las obras que ha desarrollado la empresa Intervías Construcciones S.L., En Santa Catalina. 

La empresa adjudicataria de la II Fase del sellado del Vertedero de Santa Catalina ha presentado dos nuevas certificaciones para liquidar el contrato, una por un importe de 34.875,25 euros y otra de 42.111,85 euros, haciendo un total de 76.987,10 euros; "liquidación que ha sido paralizada por la Intervención puesto que indica que existen partidas que no se han ejecutado, se ha superado en 13 meses el plazo de entrega y no existe comprobación del cumplimiento de las cláusulas sociales que exigía el contrato". 

Para el partido la recepción de la obra por el consejero del ramo "únicamente obedecía a criterios electoralistas, que deseaban dar por cerrado un grave problema sin haberse analizado el cumplimiento de las obligaciones del contrato".

"El control de la Intervención del Ayuntamiento vuelve a poner en entredicho al consejero Néstor García que autoriza las certificaciones sin la comprobación adecuada, velando más por los intereses de la empresa que por el de los ceutíes". Por ello, MDyC va a exigir al Gobierno el control exhaustivo de las obras y que el consejero asuma sus responsabilidades.