La compra de 250 tarjetas de visita acabará saliéndole cara a José Antonio Méndez. Este vecino de Ceuta adquirió las tarjetas a finales del pasado año a una empresa de la Península por el atractivo precio de 17 euros. No contaba, sin embargo, con el celo de Aduanas ni con la inflexibilidad del transportista que debían traer su paquete hasta Ceuta.
“A las dos semanas, la agencia de transportes me comunica que mi paquete ya ha llegado, pero que debo abonar 25 euros más por la gestión del Documento Único Administrativo (DUA) y otros 4,5 en concepto de Ipsi. Así que, claro, dije que no me interesaba”.
Méndez se puso en contacto con la empresa donde adquirió las tarjetas para explicar el incidente. Finalmente, el vendedor aceptó sus argumentos y le reintegró el dinero de la compra. Pero los problemas no habían hecho más que comenzar.
“Al cabo de los meses recibo una notificación de Aduanas en la que se me advierte de que he cometido una falta administrativa por abandonar un paquete y se me dice que, por ello, he de pagar una sanción de 150 euros”, detalla el afectado.
El ceutí opone en sus alegaciones que no abandonó el paquete si no que éste no fue retirado por el transportista y que, además, la compra ni siquiera llegó a materializarse, pues la misma empresa expendedora de las tarjetas aceptó que la transacción había quedado sin efecto.
“Ninguna de mis alegaciones sirvió de nada –continúa Méndez- Ahora se me pide que también pague los intereses de demora, con lo que la cantidad total que se me reclama es ya de 168 euros”. El seductor precio de 17 euros por 250 tarjetas de visita había quedado en el olvido hacía tiempo.
José Antonio Méndez denuncia el abuso y la discriminación que, a su juicio, supone la exigencia a los ceutíes de abonar tasas tan abusivas para adquirir cualquier producto que haya de ser transportado desde la Península. Al tiempo, censura el comportamiento de la agencia de transporte, a la que acusa de no asumir su obligación de devolver el paquete toda vez que le fue notificado que la venta había quedado anulada.
El ceutí asume que, finalmente, habrá de pagar. “Voy a plantear el último recurso que me queda y, si tampoco se acepta, pues tendré que pagar: pero me seguirá pareciendo un abuso que por comprar un artículo cuyo precio es de 17 euros acabe pagando más de 150”.
