Raghda al Yacoubi decidió establecerse junto a su pareja en Ceuta hace ahora doce meses. La mujer, de nacionalidad siria, había vivido desde los seis años en Marruecos. Ahora decidía iniciar una nueva etapa en su vida junto a Jesús Javier, un funcionario de la administración de Justicia.
Pero lo que Raghda y Jesús Javier desconocían era que habrían de enfrentarse al implacable designio de la burocracia municipal.
La peripecia de Raghda arranca el 20 de junio del pasado año cuando solicita ante el Negociado de Estadística de la Ciudad su registro en el padrón municipal. La mujer había entrado apenas un mes antes en Ceuta con un visado de turista expedido por el Consulado de Tánger y tramitaba por entonces la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea. La del empadronamiento había de ser una formalidad cuya gestión no debería demorarse más allá de unos minutos. Sin embargo, la administración no parecía tener interés en ponerle las cosas fáciles.
La Ciudad le exigía acreditar su estancia legal en España, una práctica censurada en reiteradas ocasiones por el Defensor del Pueblo que, también en este caso, se vería obligado a salir en defensa de Raghda.
Tras la solicitud de ayuda planteada por Raghda y su pareja ante la Oficina del Defensor del Pueblo, la institución remitió en diciembre pasado a la Ciudad un escrito con una sugerencia inequívoca: la administración municipal debía inscribir a la mujer en el padrón. En su argumentación, y tal y como había sostenido en otros casos con anterioridad, el Defensor advertía de que el Ayuntamiento debía abstenerse de ejercer control alguno sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en su municipio de ninguno de sus vecinos. “Si la señora Al Yacoubi está viviendo de manera efectiva y continuada en la dirección que ha facilitado, tiene derecho a ser empadronada toda vez que sólo debe utilizarse un dato fáctico, la residencia habitual, y no un dato jurídico, la residencia legal”, argumentaba el escrito. A fecha de hoy, la misiva de la institución presidida por Fernando Fernández Marugán todavía no ha recibido respuesta.
Once meses después de registrar su solicitud, Raghda Al Yacoubi no ha conseguido que su petición de ser registrada en el padrón sea atendida. Su demanda será, finalmente, resuelta por un juez de la jurisdicción contencioso administrativa.
Previamente, Jesús Javier Laarbi, la pareja de Raghda, había promovido un acto de conciliación previo a la interposición de una querella criminal contra el jefe del Negociado de Estadística. Laarbi acusa al funcionario de la presunta comisión de un delito de prevaricación. Los afectados no han interpuesto a día de hoy la querella para no interferir en el procedimiento que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Fuentes oficiales de la Ciudad, aseguran que las sugerencias planteadas por el Defensor se encuentran en la actualidad “en curso de tramitación” y se remiten a la decisión que finalmente adopte la autoridad judicial.
La resistencia de la Ciudad a aceptar la inscripción de ciudadanos extranjeros se ha convertido en parte indistinguible de su política de lucha contra el fraude en los registros -entre 2012 y 2017, la administración municipal dio de baja a 5.337 falsos vecinos- y ello pese a que el Defensor reitera que la Ciudad sólo debe limitarse a requerir a las personas que soliciten su alta en el padrón “los documentos mínimos que despejen dudas sobre la veracidad de los datos consignados en la solicitud”. Y nada más.
