El recurso del Gobierno al convenio de inmigración costará a los ceutíes al menos 300.000 euros

Desde hace algo más de 15 años la Ciudad mantiene un convenio de colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales que ha mantenido en una situación de precariedad laboral a casi 20 empleados.

Esta situación se ha resuelto favorablemente para los trabajadores de Servicios Sociales, que han visto como el Juzgado de lo Social de Ceuta, mediante sentencia, les ha reconocido su condición de empleado de la Ciudad con los mismos derechos y garantías que el resto, unido a una importante indemnización en concepto de atrasos.

El sindicato Csif explica que "el coste de la negligente y fraudulenta gestión de personal de este Gobierno asciende a un total de 150.000 € aproximadamente en este caso y que la situación quedaría resuelta para los trabajadores que verían reconocidos sus derechos y además se solventarían en gran parte los problemas de personal que padece desde hace años la Consejería de Asuntos Sociales".

Sin embargo, añade el sindicato, "el Gobierno de la Ciudad con su presidente a la cabeza ha planteado un recurso contra esta sentencia. Se trata de una decisión única y exclusivamente política carente de base jurídica alguna, así nos lo han expresado todos los jurídicos consultados por Csif que han tenido acceso a la sentencia tanto de la Ciudad como privados". Csif subraya que no existe pronunciamiento técnico alguno a favor de plantear este recurso que dilatará la situación de precariedad para estos trabajadores durante al menos un año y medio más (entre 18 y 20 meses se estima) "por el mero capricho del Gobierno".

Esta decisión solo pretende ganar tiempo y "que los ciudadanos asumamos las consecuencias, puesto que cada mes que se dilate la resolución del recurso supondrá para las arcas de la ciudad un sobrecoste de 7.500 euros más, es decir, no solo tenemos que pagar la negligente gestión del gobierno que supone hoy un coste de 150.000 euros para las arcas de la ciudad, sino que además, por la caprichosa y temeraria decisión de recurrir una sentencia que se sabe perdida, tendremos que pagar el doble o más, estimando un mínimo de 300.000 euros".

El sindicato afirma que "es vergonzoso y bochornos que desde el Gobierno de la Ciudad se tomen decisión de este calado usando el patrimonio de todos los ceutíes, algo que no ocurriría si los miembros del Consejo de Gobierno pusieran en juego su propio patrimonio, evitando así que tomaran este tipo de decisiones arbitrarias e injustas que solo responden a voluntades políticas caprichosas con intereses espurios sin soporte técnico de ningún tipo, pero por suerte para ellos, es el dinero de todos los ceutíes con el que pagan".

Csif exige al Gobierno que recapacite y retire el recurso presentado ya que, además de todo lo comentado, pone en peligro las consolidaciones del personal que lleva hasta 20 años esperando poder conseguir la tan ansiada estabilidad laboral.