No hay vuelta atrás. Samia, su marido y sus cuatro hijos serán desahuciados este miércoles. Desde que les imputaron el delito por usurpación del inmueble, ya que estaban ocupando una vivienda propiedad del Ministerio de Defensa, el abogado de esta familia ha intentado demorar al máximo la sentencia ejecutoria de este caso para poder conseguir una salida satisfactoria, pero no han podido hacer nada. "Desde el principio sabíamos que Samia y su familia no tenían salida, lo único que he intentado durante este tiempo es que ellos pudieran buscar otra vivienda o algún tipo de ayuda hasta que tuviéramos la sentencia firme", comenta el letrado José Luis Pizarro.
Desde el principio, el abogado ha alegado que lo que ocuparon no era una vivienda sino una finca. "Han sido ellos los que poco a poco han ido acondicionando la casa para poder vivir en condiciones de habitabilidad", asegura Pizarro. El problema es que la familia de Samia no va a ser la única que va a sufrir un desahucio. El resto de viviendas que están situadas en la zona de Cría Caballar también serán derribadas tarde o temprano. Según comenta el abogado, Samia y su marido han intentado llegar a un acuerdo con Defensa, por el cual se comprometen a firmar un documento para abandonar la vivienda cuando el resto de vecinos lo hagan, pero al parecer, el Ministerio se ha negado.
Todo comenzó en 2009 cuando, al no disponer de recursos económicos, la familia decide ocupar esta vivienda situada en la zona conocida como Cría Caballar, en la barriada de Benítez. En diciembre de 2014 reciben la notificación de desalojo del inmueble pero aún no había sentencia judicial. Ha sido hace una semana cuando han recibido el documento que les obliga a abandonar el hogar en el plazo de cinco días, ya que van a proceder a demolerla.
Con la sentencia ejecutoria encima de la mesa, el miércoles a primera hora, las excavadoras derribarán la vivienda de la familia de Samia. De momento, nadie les ha ofrecido una solución digna.
