El consejero se reúne con representantes de la Asociación de Fabricantes de Pan

Sanidad ordena el cierre cautelar de un local dedicado a la venta de pan en Zurrón

La clausura del establecimiento se produce en el marco de las inspecciones promovidas por la Consejería para verificar el cumplimiento de la nueva norma nacional que regula la elaboración y comercialización del pan. 

La nueva norma sobre fabricación y comercialización del pan entró en vigor el pasado 1 de julio
photo_camera La nueva norma sobre fabricación y comercialización del pan entró en vigor el pasado 1 de julio

La Consejería de Sanidad ha ordenado el cierre cautelar de un establecimiento de venta de pan en Zurrón debido a “las graves deficiencias técnicas e higiénicas” que presentaba el local. La clausura se mantendrá hasta que el propietario subsane las irregularidades advertidas.

La orden de cierre se produce tras la entrada en vigor de la nueva normativa nacional que regula la producción de pan.

El consejero de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Javier Guerrero, se ha reunido hoy con la Asociación de Fabricantes de Pan a fin de analizar la incidencia en Ceuta del cambio normativo y el refuerzo en las inspecciones dirigidas a evitar la venta de piezas que no cumplan con los estándares de calidad que dicta la norma.

Las inspecciones de Sanidad tratarán de verificar tanto el correcto etiquetado del pan como la composición del producto, especialmente el integral, y afectarán tanto al comercio minorista como a las superficies comerciales.

Guerrero se ha comprometido con los representantes del gremio a intensificar el control sobre la venta ambulante de pan.

El plan de inspecciones implica a los servicios de seguridad alimentaria de la Ciudad, encargados de comprobar las condiciones técnicas y sanitarias de los establecimientos de fabricación y venta, y a los de consumo, que comprobarán si se cumple con lo que la ley establece respecto del etiquetado.

Las nuevas normas básicas de calidad para la elaboración y comercialización del pan en España fueron aprobadas por el Consejo de Ministros en abril y entraron en vigor el pasado 1 de julio.