Caballas interpelará al Gobierno de la Ciudad sobre el contrato de adjudicación directa a la empresa de autobuses Hadú-Almadraba en el pleno ordinario del mes de julio.
La interpelación se refiere a dos cuestiones que han formulado de la siguiente manera: ¿Es cierto que el Gobierno ha aceptado incluir en el contrato de adjudicación directa del servicio de autobuses durante dos años una disposición por las que asumirá las pérdidas en las que pudiera incurrir la empresa por la explotación de este servicio? ¿Dispone de informes jurídicos solventes que avalan tal decisión?
Y si ¿tiene previsto el Gobierno de la Ciudad, en su condición de titular del servicio de autobuses, sancionar a la empresa adjudicataria por haber suspendido el funcionamiento de diversas líneas sin la autorización preceptiva?
Caballas expone que está asistiendo "atónito al bochornoso espectáculo que está ofreciendo el Gobierno de la Ciudad con motivo del contencioso que mantiene con la empresa adjudicataria (si se puede llamar así) del servicio de autobuses".
Describen la situación como "la incalificable irresponsabilidad de un Gobierno desquiciado y a la deriva, incapaz de gestionar con un mínimo rigor los contratos públicos, que ha dejado a este servicio en un limbo de inseguridad jurídica en el que nadie sabe muy bien, a ciencia cierta, cuales son los derechos y obligaciones de cada una de las partes en conflicto".
El partido de Ali afirma que desde hace cuatro meses, usuarios y trabajadores del servicio son víctimas de un “tira y afloja” (la empresa quiere dinero, y el Gobierno no se lo quiere dar) que mantiene a todos los actores en vilo.
Caballas asegura no conocer los detalles de esas largas “negociaciones” o acuerdos que terminan siempre como el “rosario de la Aurora y lo que es peor e inadmisible, con diversas líneas suspendidas por decisión (ilegal) de la empresa". Añaden que la contratación de un “servicio alternativo es también para nota".
Por último, este grupo político de la Asamblea subraya que al parecer "el último motivo de enfrentamiento es que la empresa pretende que en ese contrato que se le ha ofrecido por dos años y adjudicación directa (al amparo de una legislación que no es de aplicación según los servicios jurídicos de la Ciudad) se incluya la posibilidad (ilegal) de que la Ciudad “asuma las pérdidas” en que puedan incurrir la explotación del servicio. En caso de ser así, y aceptarlo el Gobierno, "estaríamos ante un nuevo escándalo", asevera Caballas.
