Las agresiones y amenazas sufridas el pasado viernes por los funcionarios de la prisión de Fuerte Mendizábal a manos de internos han inaugurado una época de tensión entre los trabajadores de la cárcel y la Administración.
Los funcionarios de los centros penitenciarios españoles mantienen abiertos desde hace meses varios frentes reivindicativos. Así, las plantillas de prisiones convocaban los pasados octubre y noviembre una huelga general para reclamar mejoras salariales y la cobertura de hasta 3.400 plazas vacantes. Los sindicatos también se han mostrado beligerantes ante el incremento de la violencia ejercida contra los funcionarios en el interior de los recintos penitenciarios: según los datos de los representantes de los trabajadores, el número de agresiones supera las 2.000 en los últimos seis años.
Esta convulsa situación laboral común a todo el país encuentra en el centro penitenciario de Fuerte Mendizábal un escenario de tormenta perfecta. Las nuevas instalaciones, inauguradas en octubre de 2017, se levantan sobre 120.000 metros cuadrados, 80.000 de ellos construidos, y tienen capacidad para albergar a 1.700 internos en sus 648 celdas distribuidas en ocho módulos.
Pese a sus colosales dimensiones y a sus avanzadas prestaciones, el centro se halla infrautilizado, fundamentalmente, por falta de personal.
La prisión tiene mantiene abiertos sólo dos de sus ochos módulos, con 76 celdas cada uno, además del departamento de ingresos y enfermería, que no tiene carácter residencial, y los de mujeres e internos de confianza. Todo ello bajo la responsabilidad de una plantilla insuficiente para atender a 384 presos, prácticamente el doble de los que en 2017 se trasladaron desde la vieja prisión de Los Rosales a las nuevas instalaciones.
Incidentes violentos
Esta carencia manifiesta de personal explica, en parte, el incidente violento que padecieron los funcionarios el pasado viernes. Cada módulo, con una población en cada caso de algo más de un centenar de reclusos, está encomendado a la vigilancia de tan solo dos funcionarios. Las colosales dimensiones del centro –solo en el patio cabría toda la vieja cárcel de Los Rosales- dificulta más, si cabe, el manejo de los internos.
El Reglamento Penitenciario establece una serie de instrucciones para segregar a los internos en función de distintos criterios, entre ellos el de la proclividad a la violencia del recluso o su condición de preso reincidente. Esta separación, en una cárcel con apenas dos módulos en funcionamiento, se torna, como poco, compleja.
“En Los Rosales, cuando había algún problema con algún interno, en la siguiente conducción se le llevaba fuera de la cárcel”, explica el sindicalista de CSIF, Francisco Estela. Esta solución, forzada por la precariedad de las antiguas instalaciones, no se compadece con la modernidad y capacidad de una cárcel de las características de Fuerte Mendizábal, cuya construcción contempló la erección de un módulo de aislamiento para los internos más conflictivos. El problema es que, en la prisión ceutí, este módulo permanece cerrado. “Quien comete una infracción o mantiene un mal comportamiento es aislado en el módulo de ingresos, que es un lugar no acondicionado para estas funciones”, se queja Estela.
Csif advierte de que las actuales condiciones de la prisión constituyen una amenaza para la seguridad no solo de los funcionarios sino también de los propios internos.
