La Ciudad no puso en práctica las recomendaciones que el Tribunal de Cuentas formuló en sus informes de fiscalización previos a 2017. Éste es uno de los reproches que el órgano fiscalizador hace a los gestores municipales ceutíes en el Informe Anual de la Ciudad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2017, último sometido a auditoría.
El informe detalla debilidades en los controles internos, censura la inexistencia de una relación de puestos de trabajo, inconsistencias entre los documentos que conforman el Presupuesto de la Ciudad correspondiente a 2017 y una política de subvenciones sin “planificación estratégica”, entre otras consideraciones.
El Tribunal ha detenido su mirada en la insuficiencia de los controles atribuidos a la Intervención de la Ciudad y la organización del personal y los servicios. Además, subraya deficiencias en la gestión y monitorización de las subvenciones concedidas y en su justificación y aplicación. “Ha presentado deficiencias que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económico-financiera de la Ciudad”, concluye el texto del informe.
El órgano fiscalizador también pone en cuestión la elaboración del Presupuesto de la Ciudad para 2017, del que critica que no haya incluido las cuentas correspondientes a una fundación y un consorcio. El Tribunal incide en el hecho de que se financiaran créditos extraordinarios, suplementos de crédito e incorporaciones de crédito haciendo uso del remanente de tesorería del ejercicio anterior “sin la cobertura financiera necesaria”. Según el órgano fiscalizador, la Ciudad no tuvo en cuenta las correcciones y salvedades señaladas en el informe correspondiente al ejercicio 2016.
El Tribunal cifra en el 83% el grado de ejecución del presupuesto de gastos y en el 88% el grado de realización de las previsiones finales en la liquidación del presupuesto de ingresos. “Las obligaciones reconocidas estaban sobrevaloradas en 2.828.000 euros, debido fundamentalmente a obligaciones devengadas en ejercicios anteriores e imputadas al presupuesto y los derechos reconocidos se encontraban infravalorados en 676.000 de euros, principalmente por la incorrecta contabilización de las transferencias recibidas de la Administración General del Estado para garantizar la recaudación del IPSI”.
El órgano fiscalizador también censura que las subvenciones recibidas del Fondo de Compensación Interterritorial no se hayan destinado a inversiones nuevas, tal y como prevé la normativa reguladora de estos fondos. El Tribunal constata que estos fondos se utilizaron para financiar la devolución de las cuotas de amortización de un préstamo formalizado por la sociedad municipal Procesa aplicado a una inversión finalizada en 2012.
Sociedades municipales
El informe también aprecia incorreciones en la contabilización de deudas de la Ciudad y de la sociedad Parque Marítimo del Mediterráneo, correspondientes a tasas y cánones de la Autoridad Portuaria por un total de nueve concesiones administrativas. “Asimismo, se ha comprobado que varias trasmisiones de derechos concesionales efectuadas por ambas a empresas privadas y particulares no se elevaron a escritura pública, habiéndose seguido girando las tasas de ocupación a la Ciudad y a la sociedad municipal, por lo que han sido reclamadas”, continúa el Tribunal.
Asimismo, el documento recoge las deudas que el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) mantenía sin reconocer a 31 de diciembre de 2017 por valor de 1.886.000 euros correspondientes a los servicios de monitores y socorristas prestados en los pabellones Díaz Flor y Guillermo Molina y otros servicios de limpieza, seguridad, suministros y otros gastos corrientes. Estas deficiencias, según aprecia el Tribunal, “constatan el incumplimiento de los principios contables de registro y anualidad presupuestaria”. El informe recuerda que estas facturas dieron lugar a la presentación de al menos 61 reclamaciones judiciales, de las cuales a la finalización de la fiscalización se habían dictado 30 sentencias, todas ellas condenatorias, con un coste indemnizatorio conjunto de 1.182.000 euros.
Estabilidad financiera y gastos de personal
El informe evidencia que la Ciudad cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para 2017, al tiempo que observó el objetivo de la regla de gasto y el objetivo de deuda. Los gastos de personal representaron en 2017 el 42 % del gasto total del sector público autonómico, una vez eliminadas las transferencias de la Administración General a las entidades dependientes. El periodo medio de pago a proveedores se mantuvo dentro del plazo de 30 días.
