La Federación de Servicios Públicos de UGT ha acusado a la Delegación de Gobierno y a la Ciudad de acordar a espaldas de los representantes de los trabajadores el protocolo que coordinará las actuaciones de la Policía Local y la Policía Nacional en Ceuta. El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, suscribían el pasado viernes el documento que establece criterios de acción conjunta para ambos cuerpos.
UGT asegura que sólo ha tenido conocimiento de la existencia de dicho protocolo a través de los medios de comunicación pese a la obligación legal que cabe a la Ciudad de recabar la opinión de los sindicatos en actuaciones que afectan directamente a las condiciones de trabajo de los policías.
El sindicato advierte de que los agentes desconocen las funciones que se les asignarán en virtud de la aplicación del protocolo, las condiciones en las que deberán desempeñar tales funciones y de qué manera se establecerá la dependencia jerárquica en los casos en los que policías de los dos cuerpos coincidan en las mismas dependencias.
“El protocolo va a ser un instrumento negativo en la labor policial ya que va a traer descoordinación, lo que supondrá una pérdida de eficacia en las tareas que se realizan por falta de homogeneización en el personal que va a desarrollar su trabajo”, denuncia el sindicato en un comunicado.
UGT ha revelado su intención de solicitar a la consejera de Gobernación, Yolanda Bel, una reunión para que se informe a los agentes de manera inmediata acerca de todos los aspectos relacionados con la aplicación del protocolo. Los sindicalistas mantienen su confianza en que la consejera tome en consideración las objeciones planteadas por la representación de los trabajadores. “Como entendemos que rectificar es de sabios, consideramos que la señora consejera es lo suficientemente inteligente para dar un paso atrás y cumplir con lo previsto en la legislación vigente antes de lanzarse alegremente a hacerse una foto con el delegado de Gobierno, que también debería conocer la legislación vigente, o al menos sus asesores”, concluyen los sindicalistas.
