Las declaraciones públicas de los responsables del Ministerio no constituyen una guía fiable para hacerse una idea sobre el estado de la Justicia en la ciudad. No lo son las que en mayo de 2017 ofreció a los periodistas el por entonces ministro Rafael Catalá durante una visita a las obras de remodelación del Banco de España. El político popular aseveró entonces que el edificio comenzaría a funcionar como sede judicial en noviembre de ese mismo año.
Catalá no anduvo preciso en su augurio. A fecha de hoy la primera fase de la obra no ha sido recepcionada y la segunda se encuentra en trámite de licitación.
Más recientemente, apenas el pasado día 13, la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte, celebraba con un desconcertante entusiasmo su satisfacción por el funcionamiento del servicio en la ciudad. “Los juzgados de Ceuta van estupendamente”, sentenció antes de confiar a la opinión pública que, tras su visita a la ciudad, partía hacia Madrid con “tres folios de ideas”. Probablemente, alguno de esos tres folios formaran parte del informe de dieciocho que, aportado a Duarte por el sindicato CCOO, dibuja un panorama desolador de la Justicia ceutí.
De haber demorado un tanto sus respectivas visitas, Catalá y Duarte podrían haber sido testigos de los efectos de las recientes lluvias sobre las oficinas judiciales que alberga el Ceuta Center. “Cada vez que llueve, el agua se cuela por todos lados, a pesar de las distintas obras, más bien parches, que se han acometido en la cubierta del edificio para impermeabilizarla”, se quejaban los funcionarios cubo en mano para disciplinar las goteras que poblaban los techos de las dependencias.
Infierno informático
El aludido informe de CCOO puede servir como un Virgilio para avanzar con cierto conocimiento hacia el infierno en el que se ha convertido el servicio de Justicia en la localidad. Las denuncias contenidas en el documento presentan un panorama verdaderamente deprimente.
La relación de deficiencias consignadas por el sindicato alcanza incluso a las herramientas más esenciales para el trabajo diario de los funcionarios. Tal es el caso de Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas, que, según denuncia CCOO, además de generar otros muchos problemas, lastra la labor de los trabajadores por su lentitud. “Hay una franja horaria del día donde la lentitud del sistema se dispara y, seguidamente, aparece la alerta ‘error interno, contactar con el servidor’”, detallan los sindicalistas.
Cabe presumir que las plantillas de las oficinas judiciales ceutíes han adquirido el talante paciente y moroso que exigen los equipos informáticos a su disposición. Algunos ordenadores tardan en arrancar entre diez y quince minutos tras ser encendidos.
La insuficiencia de medios queda patente en la situación de las unidades procesales de apoyo directo (UPAD) de la Audiencia Provincial y de lo Penal, donde siete trabajadores comparten un escáner y dos impresoras.
Durante su visita a la ciudad, Duarte anunció que el Ministerio instalaría una red inalámbrica de conexión a Internet en todas las sedes judiciales, renovaría los ordenadores a disposición de la administración y adquiriría varias impresoras.
Papel cero y NOJ
El Ministerio de Justicia estableció la fecha del 7 de julio de 2016 como la del fin del uso del papel en las comunicaciones entre los profesionales de los órganos judiciales. El loable propósito está lejos de haberse satisfecho en Ceuta. Según denuncian los trabajadores, a día de hoy, las oficinas judiciales consumen un volumen de papel que supera en un 30% el gasto registrado antes de que el Ministerio planteara sus objetivos.
La erradicación del papel había de venir de la mano de la implantación del expediente digital, lo que, necesariamente, exigiría disponer de unos sistemas informáticos eficientes. Y, a juzgar por las denuncias de los funcionarios, este no es el caso.
Justicia presentó en mayo de 2005 su plan de implantación de la nueva oficina judicial (NOJ). Ceuta fue escogida como una de las ciudades donde, a modo de experiencia piloto, se pondría en funcionamiento. La NOJ planteaba la reorganización de las oficinas para su adaptación al advenimiento de la llamada “Justicia digital”, un servicio sin papel, tecnológico y ágil. Una experiencia fallida en Ceuta, a juicio de CCOO.
Los sindicalistas consideran que la ciudad no fue una buena elección para experimentar con la nueva oficina dadas las especificidades que presenta Ceuta y que la distinguen de otras sedes judiciales donde la NOF también se puso en funcionamiento. Según argumenta CCOO en su informe, la condición de frontera del municipio incrementa la litigiosidad y la carga de trabajo con respecto a otros lugares de España. Inmigración ilegal, flujos fronterizos o dispositivos como el del Paso del Estrecho tienen una incidencia decisiva sobre la labor de los juzgados.
En el caso de la inmigración ilegal, el incremento de la carga de trabajo sobre las UPAD de lo Contencioso Administrativo ha causado, según reza el informe de CCOO, el “desborde de causas y recursos” a causa de los últimos saltos masivos a la valla fronteriza protagonizados por extranjeros indocumentados.
