La Ciudad

la oposición ha desautorizado el proyecto por despilfarrador

Una propuesta urbanística envuelta en la polémica

Vivas ha sido muy criticado por el proyecto de la Gran Vía, sobre todo por Caballas (ARCHIVO C.A.)
photo_cameraVivas ha sido muy criticado por el proyecto de la Gran Vía, sobre todo por Caballas (ARCHIVO C.A.)

Los 7,8 millones de euros que el Gobierno de la Ciudad invertirá en la obra de remodelación de la Gran Vía son, según la oposición, un despilfarrro y un agravio para las barriadas de la periferia de la ciudad. Para el equipo del presidente Vivas, la actuación multiplicará el atractivo turístico y comercial de Ceuta.

El proyecto de reforma de la Gran Vía expuso al Gobierno de la Ciudad durante los últimos meses a las críticas más severas. La oposición, capitaneada por Caballas, el grupo político que más enérgicamente ha censurado el gasto previsto para la remodelación de la céntrica calle y su entorno, ha incidido en el agravio que supone para las barriadas de la periferia esta inversión, presupuestada en 7,8 millones de euros.

La respuesta del ejecutivo de Juan Vivas ha sido, sistemáticamente, la de desautorizar al diputado Mohamed Alí, uno de los más activos detractores del proyecto. “Parece que existe un interés particular por desgastar al Gobierno”, ha llegado a quejarse el presidente, quien ve en las denuncias de Caballas un intento por desprestigiar la gestión de su equipo.

La decisión del Gobierno de eludir la licitación de la obra para encomendar los trabajos a la sociedad estatal Tragsa constituye otro de los frentes políticos abiertos en torno al proyecto.

Además de las críticas de las formaciones políticas de la oposición, el Colegio de Arquitectos de Ceuta (COACE) presentó en su día un recurso de reposición contra el decreto de la Consejería de Fomento por el que se aprobaba la encomienda de gestión a Tragsatec, filial de Tragsa, para la redacción del proyecto urbanístico. Los arquitectos ceutíes consideraban que el decreto había de considerarse un acto administrativo nulo por cuanto que su objeto no se corresponde con las funciones que la legislación atribuye al Grupo Tragsa, dedicada a actuaciones medioambientales.

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