Ante decenas de guardias civiles formados en el patio de la Comandancia, el delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, defendía el pasado lunes la conveniencia de reconsiderar la norma que permite a los residentes en la provincia de Tetuán acceder a Ceuta sin visado. La sugerencia de que esta excepción al Tratado de Schengen pueda llegar a cuestionarse ha despertado críticas y dudas entre los representantes políticos, los empresarios y el resto de la sociedad ceutí.
El argumento en el que Fernández Cucurull apoya su propuesta apunta al hecho de que las actuales condiciones de la ciudad en su relación fronteriza con Marruecos poco tienen que ver con las vigentes en el momento de la aprobación de la medida. Entonces se estableció que la resolución se aplicaría al régimen específico de exención de visado “en materia de pequeño tráfico fronterizo”. Lejos queda aquella pacífica frontera por la que nadie habría imaginado que, dos décadas más tarde, podrían transitar del orden de 20.000 personas al día.
La consolidación de lo que las autoridades españolas, en un ejercicio de calculado cinismo, denominan “comercio atípico” ha alimentado unos flujos fronterizos que, a su vez, han alentado un proceso de emigración interior en Marruecos hacia la provincia de Tetuán. De hecho, la población registrada en la región vecina a Ceuta se ha incrementado en apenas cinco años en un 50%.
¿Cuáles serían las consecuencias de suprimir la excepción de visado para los tetuaníes? La pregunta se la han formulado justificadamente algunos de los representantes de los partidos políticos de la oposición en la Asamblea.
Trabajadores y comerciantes
Amén del perjuicio que ocasionaría a la actividad de los comerciantes que han hecho de los tráficos por la frontera un floreciente negocio, la hipotética implantación de la exigencia de visado tendría como víctimas principales a los miles de trabajadores que a diario acceden a Ceuta para obtener unos ingresos a los que no pueden aspirar en su país.
Una limitación en las entradas a la ciudad constituiría un golpe definitivo para las economías de muchos hogares del país vecino. La de El Tarajal es, al cabo, una frontera de tráficos feminizados, la línea que cientos de mujeres marroquíes han de atravesar para garantizar una vida digna a sus familias.
La socióloga y politóloga Cristina Fuentes, miembro del Observatorio de Análisis de la Realidad Sociofronteriza del Mediterráneo en la Universidad de Granada, ha descrito estos fenómenos con la información obtenida gracias a la investigación que desde hace tres años desarrolla sobre el terreno. Fuentes hace notar que el porteo de mercancías constituye una de las más rentables actividades a las que pueden dedicarse las tetuaníes, quienes, de limitarse los permisos de entrada a Ceuta, se verían abocadas a luchar en su propio país por trabajos peor retribuidos. Las jornadas laborales de hasta 16 horas son comunes, por ejemplo, en las fábricas de la zona franca de Tánger.
Las empleadas domésticas configuran otro numeroso contingente que, además, forma parte del paisaje cotidiano de la ciudad. Un cierre de la frontera a los tetuaníes mediante el expediente de exigirles un visado condenaría a estas trabajadoras irregulares a una delicada situación y privaría a sus patronos ceutíes de un servicio barato y muy considerado socialmente entre determinadas capas sociales de la ciudad.
La contrapartida a todo ello y, presumiblemente, el ángel inspirador del delegado del Gobierno, sería la disminución de la actual presión que soporta un paso fronterizo anticuado con problemas para absorber sin congestiones los flujos que diariamente canaliza.
Clave interna
Aunque, para ser precisos, Fernández Cucurull nunca ha hablado de la eliminación total de la exención de visado. El delegado empleó el verbo “adaptar” para calificar la modificación que aspiraría a introducir en la norma actualmente vigente.
Por si su cautela no fuera suficiente, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acudía en su ayuda para subrayar que el delegado jamás habló de la suspensión de la exención de visado.
La ambigüedad de Fernández Cucurull invita, sin embargo, a ser suspicaz. ¿Cuáles son las motivaciones que han llevado al delegado a plantear una propuesta necesariamente polémica y cuya acogida del otro lado de la frontera no será precisamente entusiasta?
Una explicación política, que remite a la vida interna del Partido Popular, podría arrojar alguna luz. La nunca confirmada jubilación del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, continúa constituyendo un horizonte que no resulta ajeno a los dirigentes del partido. Y ése podría ser el telón de fondo de las manifestaciones del representante del Gobierno central en la ciudad.
Fernández Cucurull, bien relacionado en Madrid, arrastra, como contrapartida, un sambenito que le presenta como un político de perfil bajo, muy alejado del carisma del que Vivas lleva lustros haciendo gala. Los mensajes duros y contundentes que el delegado ha lanzado en el transcurso del último mes (ante los guardias civiles también bramó contra los “asaltos masivos y tumultuarios” de los migrantes sobre la ciudad) podrían interpretarse como un intento por renovar su imagen pública. Este “aggiornamento” le situaría en una mejor situación para atacar la sucesión de Vivas.
