La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) y CSIF vuelven a denunciar lo que a su juicio es “una deficitaria organización interna y administrativa de la cárcel de Los Rosales”. Aseguran que a los problemas en materia de personal, se unen “las denuncias de acoso laboral y sindical y a la atosigante relación que ejercen ciertos mandos contra el personal laboral y funcionarial con el beneplácito de la dirección”. A todos se suma ahora, según estos sindicatos, “la más absoluta falta de sensibilidad ante situaciones clínicas que afectan a terceros que se encuentran fuera de la esfera del ámbito laboral”.
El pasado 29 de mayo un funcionario solicitó un certificado de que no es perceptor del permiso retribuido por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave. “Un trámite sencillo y de inmediata certificación que fácilmente se puede elaborar en menos de 5 minutos”, explican en nota de prensa pero cuatro días más tarde, “ante la inoperancia de la Administración”, el funcionario reitera su solicitud, esta vez ante la propia Delegación del Gobierno. “Ya ha pasado casi un mes y el certificado sigue sin ser tramitado. Ni el trabajador ni la madre pueden paliar las necesidades especiales de sus dos hijos de tres años con extremas necesidades a causa de la grave enfermedad por faltar este requisito administrativo, generando un dolor gratuito y un fuerte desasosiego en una familia con enormes necesidades, por la inoperancia administrativa que existe en el centro penitenciario”.
Desde los sindicatos afirman que episodios como éste son frecuentes, “además de tener que trabajar en pésimas condiciones y bajo las órdenes de superiores con una nula capacidad para el mando. Hasta los mandos intermedios como los jefes de servicios o coordinadores se ven obligados a sufrir esta situación tan deleznable”.
Otro caso que han querido reseñar es el de una funcionaria que solicitó una comisión de servicios para trasladarse a la ciudad donde residía su madre gravemente enferma y “contando con el respaldo del centro penitenciario nuevo que incluso había solicitado personal”. La respuesta del centro de Ceuta, según los sindicatos, fue negativa “falleciendo la madre poco después ante la impasividad e insensibilidad de los responsables del centro de Ceuta”.
Consideran que las directrices de la dirección del centro penitenciario de Ceuta van encaminadas a crear descontento entre la plantilla de trabajadores, forzándoles a trabajar bajo presiones innecesarias y asumiendo funciones que no les corresponden. Habitualmente se obliga al personal a asumir una sobrecarga de trabajo pasando por alto la seguridad y la buena marcha del establecimiento alegando siempre necesidades de servicio por una falta de personal de la que los trabajadores nunca han tenido la culpa”.
Por otro lado, Delegación del Gobierno está plenamente informada de la casuística que se está generando en este centro de trabajo desde hace años “sin que adopte medidas adecuadas para resolver el evidente divorcio entre plantilla y dirección. El representante del Gobierno Estatal en Ceuta sigue sin actuar ante un problema cada vez más acentuado”.
Ante esta situación, los sindicatos exigen que los responsables generadores de tal inoperancia sean destituidos ya “son causa directa de riesgos laborales, tales como bajas médicas por estrés o depresión que se sufren en la plantilla. La absoluta falta de apoyo de la plantilla a la dirección es un innegable detector de que las cosas no funcionan bien y de que es necesario un cambio inmediato”.
