Laboral

Trabajadores a la intemperie

Trabajadores de Hércules, concentrados ante el Palacio de la Asamblea (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Trabajadores de Hércules, concentrados ante el Palacio de la Asamblea (C.A./ARCHIVO)
Empresas con acreditados antecedentes de incumplimientos continúan optando a contratos de unas administraciones que no parecen dar relevancia a la preservación de los derechos de los trabajadores a la hora de seleccionar a sus concesionarios.

«A la hora de contratar, las administraciones deberían tener en cuenta a quién contratan». El secretario general de CCOO, Emilio Postigo, se quejaba amargamente esta semana de que el incumplimiento de las obligaciones que las empresas mantienen con sus empleados sigue sin ser óbice para el acceso a un contrato público. Postigo se refería a Hércules, concesionaria de varios servicios de limpieza adjudicados por la Ciudad, cuyos trabajadores vienen protagonizando movilizaciones desde agosto para reclamar el impago de sus salarios. «Si no pagas a los trabajadores, son todo beneficios», se lamentaba el sindicalista.

Las denuncias de los sindicatos sobre la indiferencia de las administraciones a la hora de lidiar con el maltrato que algunas concesionarias de servicios públicos dispensan a sus plantillas no son nuevas. Empresas con acreditados antecedentes de incumplimientos continúan optando a contratos de las administraciones, que no parecen considerar entre los criterios de selección de las adjudicatarias el de observar los derechos de los trabajadores.

Ceuta, como otras muchas localidades españolas, atesora un largo historial de casos en los que empresas al servicio de la administración pública mantienen una política laboral que no sería excesivo calificar de abusiva. Así fue, por ejemplo, el caso de Marsegur, después Novosegur, una empresa que llegó  ser cuestionada por los sindicatos y motejada de «pirata». 

En 2017, los 15 trabajadores empleados por esta empresa de seguridad privada se dieron simultáneamente de baja ante el empecinamiento de la dirección en no abonar sus salarios. Marsegur era el titular del contrato del Ministerio de Defensa para la vigilancia del Hospital Militar. Para cuando los guardias de seguridad adoptaron esta drástica decisión,  llevaban ya meses protestando por su situación laboral. Los trabajadores denunciaban que la empresa venía incumpliendo el convenio colectivo, no pagaba los salarios y estaba cometiendo fraude a la Seguridad Social.

Las medidas de presión no parecieron surtir efecto. Marsegur, en lugar de enfrentar el problema, optó por una solución más imaginativa: cambiar su nombre por el de Novosegur. 

Meses antes, en mayo de 2016, otra de estas empresas díscolas estuvo a punto de crear un problema de incalculables consecuencias en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La concesionaria del servicio de catering de las instalaciones, Global Food, no solo mantuvo en pie de guerra a sus trabajadores durante meses por impagos de salarios sino que llegó a contraer una considerable deuda con proveedores locales,. Estos anunciaron que dejarían de proporcionar alimentos al centro hasta que la administración central no se comprometiese a abonar las cantidades que se les debía, algo más de 20.000 euros. Aunque el proceso concluyó con la retirada de la concesión a Global Food, los trabajadores se vieron abocados a sufrir meses de incertidumbre y maltrato a manos de la empresa.

No son pocas las ocasiones en las que la administración se ve coaccionada por estas empresas incumplidoras. Una práctica común es la de tratar de enfrentar a los trabajadores con la administración. En el caso de Hércules, la Ciudad ha tenido que comprometerse a abonar directamente las cantidades impagadas a los trabajadores. Las últimas movilizaciones de la plantilla, de hecho, se han dirigido contra el Gobierno municipal.

Y es que una de las cuestiones más controvertidas en este tipo de contenciosos es la que se refiere a la responsabilidad que pesa sobre la administración de velar por el cumplimiento de los contratos formalizados con empresas externas. Los servicios siguen siendo de titularidad pública, con independencia de la forma en que se ejecuten. Así las cosas, ¿es responsable  la Administración de las mermas en la calidad de los servicios y de la vulneración de los derechos de los trabajadores en la que pueda incurrir la concesionaria?

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