Desde Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta se quiere hacer patente el descontento generalizado en el sector de la formación e inserción laboral por la supresión de la partida presupuestaria destinada por el Gobierno de la Nación a cursos de formación para desempleados, escuelas-taller, orientación profesional para el empleo, así como la asistencia al autoempleo (OPEA) en la ciudad.
El presupuesto, inicialmente estimado en 1,8 millones de euros y que no se va ejecutar, “supone que no se impartan 36 cursos dirigidos a 432 alumnos prioritariamente desempleados y un mínimo de 36 docentes; tres talleres de empleo que darían trabajo a 36 alumnos-trabajadores y al menos seis docentes, así como el Servicio de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo”, se lamentan desde la Cámara, al tiempo que consideran “incomprensible la no excepción de las ayudas destinadas a la Formación para el Empleo en Ceuta en cuanto a la orden de cierre del presupuesto 2016, ya que según datos estadísticos, la Ciudad se sitúa a la cabeza en el índice de desempleo del país y, se queda por tanto a las puertas de poner en marcha unos servicios más que necesarios para la inserción laboral de personal mayoritariamente no cualificado”.
A pesar de que la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bañez, haya asumido el compromiso de que las ayudas no se van a perder, y el proceso se tramitará a partir del próximo mes de enero, “lo cierto es que el perjuicio ya ha sido originado, y 2016 será recordado como el año en el que los ceutíes se quedaron al margen del mapa político en materia de formación e inserción laboral”, continúan.
Desde la entidad aseguran no poder hacer nada más que “defender los intereses de nuestras empresas del sector que terminan el año facturando cero euros en Formación e Inserción con cargo a las Políticas Activas de Empleo del SEPE, el mismo presupuesto que ha destinado este último en dichas políticas, encabezando Ceuta el desempleo de España y de baja cualificación de los desempleados”.
Asimismo consideran que “no es comprensible que tras la publicación de las diferentes convocatorias, sin tener la seguridad presupuestaria, estas se hayan evaluado, se hayan realizado resoluciones provisionales e incluso se hayan entrevistado a potenciales alumnos la semana anterior”. Unos trámites burocráticos, que según el órgano cameral, han supuesto un coste para las empresas y entidades que se han presentado, tanto en recursos humanos como en materiales suponiendo por lo tanto un perjuicio mayor. “Todo ello sin olvidar la desmotivación que supone para los alumnos demandantes de empleo que tras pasar el proceso de selección se le haya tenido que decir que no se va a realizar el curso que podría acercarles a la ansiada inserción”.
