CCOO ha remitido una carta a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, con la intención de que su institución recupere la gestión de los Planes de Empleo. El sindicato habla de disfunciones que la Ciudad no ha sido capaz de corregir.
"Los planes de empleo constituyen el soporte fundamental, y casi exclusivo, de las políticas activas de empleo que se aplican en Ceuta. Este sencillo enunciado explica de manera concluyente su importancia en una Ciudad castigada por unos índices de desempleo escandalosos que crecen ante una manifiesta incapacidad de las administraciones púbicas para revertir esta situación. Así llevamos años. Aproximadamente el cuarenta por ciento de la población activa está en paro (entre la juventud, esta sonrojante cifra se eleva al setenta y dos por ciento, para la que ya no existen calificativos). Se puede afirmar, sin temor a exagerar, que la única expectativa cierta de empleo en Ceuta (en especial para los colectivos laboralmente más vulnerables, como la juventud, la mujer, o los parados de larga duración), es “ser beneficiario del plan de empleo”. Si “tienes suerte”
Esta breve descripción de la triste realidad en la que nos movemos, obliga, desde un elemental sentido de la responsabilidad, a extremar el celo en la gestión de loa planes de empleo, procurando alcanzar el mayor grado posible de eficiencia social.
En la actualidad, en Ceuta se aplican anualmente dos planes de empleo diferenciados: uno de carácter general, derivado de la condición de municipio y en consecuencia gestiona directamente el Ayuntamiento (Ciudad); y otro de naturaleza extraordinaria atendiendo a las especificidades de Ceuta, cuya titularidad corresponde a la Delegación del Gobierno.
El anterior Gobierno de la Nación, dirigido por el PP, “encomendó la gestión de los Planes de Empleo de la Delegación del Gobierno” al propio Ayuntamiento. Las razones alegadas para justificar esta decisión parecían, en origen, suficientes. La Ciudad disponía de una estructura administrativa propia que permitía gestionarlos con mayor eficacia administrativa; contaba presupuestos suficientes para financiar los “gastos de funcionamiento” (no contemplados en los presupuestos de los departamentos ministeriales); y gozaba de una mayor capacidad operativa para la ejecución de las memorias. No parecía razonable que en una Ciudad tan pequeña se superpusieran dos instrumentos similares, dirigidos al mismo colectivo, y gestionados por dos administraciones diferentes.
Sin embargo, la experiencia de estos últimos años ha demostrada que las razones alegadas en su día para justificar la “encomienda de gestión” no eran más que una burda coartada del Gobierno de la Ciudad que, aprovechando sus sintonía con el Gobierno de la Nación, para “secuestrar” los Planes de Empleo y ponerlos a “su servicio”. EL Gobierno de la Ciudad elaboraba las memorias, en una gran parte “fraudulentas”, ya que no estaban diseñadas para beneficiar a los parados sino para “remendar” todos los desperfectos que la política de recortes ha ocasionado en los servicios públicos (baste un solo ejemplo, la Ciudad, en lugar de dotar a los colegios de los ordenanzas, tal y como establece la ley, envía usuarios del plan de empleo que desempeñan “ilegalmente” esta función; podríamos seguir indefinidamente). Se dan situaciones tan esperpénticas como la inexistencia de parados en determinadas categorías (o puestos) ofertadas. ¿Tiene sentido en una Ciudad con catorce mil parados ofertar puestos de trabajo en los que no existen demandantes? Esto se ha denunciado hasta la saciedad, pero la evidente connivencia entre las dos administraciones priorizaba el interés político del partido por encima del interés general, y por supuesto del de los parados. El otro brazo de la “pinza” (la Comisión Ejecutiva del SEPE) establecía los criterios de selección, apartados por completo de lo que debería ser una insoslayable sensibilidad social, es decir, sin valorar la situación socioeconómica de los potenciales beneficiarios, terminando así de materializar el descalabro (porque es un descalabro despilfarrar casi doce millones de euros en la capital del paro). Familias enteras en el paro, sin ingreso alguno, y acumulando antigüedad en el paro (hasta diez años) se veían privados de los planes de empleo una y otra vez; mientras otros acuden a los puestos de trabajo “conseguidos” conduciendo su flamante BMW.
CCOO considera que es imperiosamente necesario dar un cambio radical a esta situación. El Gobierno de la Ciudad ha demostrado de manera fehaciente y reiterada, que no tiene la menor voluntad de corregir todas esas disfunciones que se le han explicado y demostrado hasta la saciedad. En consecuencia, consideramos que es necesario que la Delegación del Gobierno recupere la gestión de sus planes de empleo para ajustarlos a la legalidad e imprimirles el carácter social que nunca debieron perder".
