CCOO acusa al IMSERSO de privatizar de forma “ilegal” el servicio de valoración de discapacidad en Ceuta
El sindicato denuncia que se ha adjudicado un contrato menor a una clínica privada para resolver solo la mitad de los expedientes acumulados, sin agotar antes las soluciones públicas disponibles.
La Dirección Provincial del IMSERSO en Ceuta ha adjudicado un contrato menor a una clínica privada para realizar valoraciones médicas de discapacidad, una decisión que ha sido duramente criticada por el sindicato Comisiones Obreras de Ceuta, que califica la medida de "ilegal" e "irresponsable". CCOO denuncia que la iniciativa responde "a la incapacidad del organismo" para gestionar el retraso acumulado de más de 1.500 expedientes pendientes, algunos con una demora de hasta año y medio.
CCOO sostiene que la privatización parcial de un servicio esencial vulnera la legalidad vigente, especialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Según el sindicato, el contrato adjudicado "a dedo" no cumple los requisitos para considerarse menor y podría suponer un caso claro de fraccionamiento contractual, figura que la ley asocia a prácticas de prevaricación.
Desde la organización sindical se recuerda que, antes de optar por esta vía, propusieron alternativas viables y dentro del ámbito público: la movilidad provisional de médicos del IMSERSO desde otras provincias, la encomienda de gestión a profesionales del INGESA o una reorganización interna de los efectivos disponibles. "No es cierto que no existan medios públicos para prestar este servicio", afirman desde el sindicato mediante un comunicado de prensa.
Además, advierten de que el contrato sólo cubrirá unas 800 valoraciones, la mitad de los expedientes pendientes. "¿Qué pasará con los otros 700?", se preguntan. A su juicio, la medida es sólo un parche que compromete la calidad, imparcialidad y legalidad de un procedimiento crucial para muchas familias vulnerables.
El sindicato considera inaceptable que se pague el máximo legal para contratos menores, 15.000 euros, por una tarea que exige un alto grado de rigor técnico y sensibilidad social. "La contratación de informes al peso no puede ser la solución para un servicio público que condiciona derechos esenciales", concluye CCOO.