Laboral

CCOO pide a la Delegación que paralice los expedientes; UGT sostiene que esta fórmula obliga a los parados a trabajar por "sueldos de miseria"

Los sindicatos se plantan ante los contratos de colaboración social de la Ciudad

Trabajadoras del Plan de Empleo, en el Mercado Central (CEDIDA/ARCHIVO)
photo_camera Trabajadoras del Plan de Empleo, en el Mercado Central (CEDIDA/ARCHIVO)

La pretensión del Gobierno local de contratar a 168 parados en régimen de colaboración social para cubrir puestos estructurales de la plantilla de la Ciudad ha puesto en pie de guerra a CCOO y UGT. 

Los sindicatos se rebelan contra el Gobierno municipal. CCOO ha remitido un escrito a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por el que le insta a paralizar los expedientes abiertos por la Ciudad para la contratación de 168 desempleados en régimen de colaboración social. El sindicato se une así a la denuncia formulada este miércoles por UGT.  Ambas organizaciones sindicales califican de “fraude” la pretensión del Gobierno local de cubrir puestos estructurales de la administración municipal con desempleados contratados bajo esta fórmula.

En su escrito a Mateos, el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui, arguye que la oferta planteada por la Ciudad al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para la contratación de estos 168 desempleados constituye “una modalidad de empleo ilegal”. “Lo que parece más chocante es que lo haga una administración pública y, lo que es peor, con la complicidad de la otra, en este caso la que usted dirige”, sostiene el sindicalista.

Aróstegui pone en duda la legalidad del procedimiento que, a su juicio, no reúne los requisitos exigidos por la normativa. “Quizá, la única explicación sea que el director provincial, designado por el presidente de la Ciudad, esté colaborando con el fraude como pago de los favores debidos”, concluye el secretario general de CCOO.

 

Al juzgado

La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) anunciaba este miércoles que su gabinete jurídico estudiará la posibilidad de emprender acciones judiciales ante lo que no duda en calificar como “fraude”.

FeSP-UGT incide en que el uso de la figura de la colaboración social para cubrir puestos estructurales constituye un perjuicio para quienes aspiran a un empleo público y daña los intereses de los mismos desempleados, que se ven obligados a trabajar por “un salario de miseria” que ni cotiza a la Seguridad Social ni les sirve para acumular derechos de cara al cobro de futuras prestaciones. “La Seguridad Social no recauda por un trabajo que debería cotizarse y por ende se perjudica a las arcas públicas, ya que se utiliza un dinero público para un fin perverso”, critica el sindicato en su nota.

Los sindicalistas recuerdan que estos desempleados cobrarán la mitad de lo que percibe un empleado público. “El consejero de Economía, cuando solicita esos programas de colaboración social al SEPE, es consciente de que está realizando unas actuaciones que pueden tener series repercusiones legales”, sentencia la FeSP-UGT.